Octavio Vélez Ascencio
Para fortalecer los procesos comunitarios en defensa de los derechos territoriales, Servicios para una Educación Alternativa (Educa) dio a conocer el Segundo Informe Río Verde: violaciones a los derechos de los pueblos de la Costa y Sierra Sur, ante la pretensión de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la empresa Generación Enersi S.A. de C.V., para construir dos presas hidroeléctricas en ese cuerpo de agua.
Según las conclusiones, la planeación, construcción y operación de proyectos hidroeléctricos violentan el derecho a la libre determinación, el derecho a la tierra y territorio, el derecho a la información y participación, el derecho al consentimiento libre e informado, el derecho al agua y al saneamiento, el derecho al desarrollo, el derecho a un ambiente sano, el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda y el derecho al trabajo.
Por tanto, se confirma que existe un patrón de violación de derechos por la implementación de proyectos de desarrollo e infraestructura, en específico, por proyectos hidroeléctricos, además de que la violación de derechos humanos se profundiza en un contexto de impunidad, violencia y de simulación jurídica.
En el caso del Río Verde se impuso un decreto que afecta su disposición para zonas de reserva, que va en deterioro de los derechos colectivos y posibilita el acceso a empresas privadas para fines de utilidad pública.
Además, las comunidades y pueblos ribereños subsisten por la convivencia con el río Verde, por ser considerado parte de sus territorios y por haber convivido con él por cientos de años, en una relación espiritual y cultural.
A causa de esto, el ejido Paso de la Reina interpuso un amparo para no permitir que el río Verde fuera considerado como parte de esa política hídrica, que en realidad no garantiza un verdadero acceso al derecho al agua.
Ante la ausencia de la aplicación de leyes y convenios internacionales que reconocen sus derechos, los pueblos están realizando acciones de reglamentación por la vía agraria y administrativa en el ámbito municipal, a través de sus reglamentos ejidales, estatutos comunales, asambleas agrarias, municipales y comunitarias.
Aparte de esto, crearon el Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (Copudever), un movimiento pacífico y de largo aliento, para establecer espacios de diálogo y acuerdos entre comunidades opositoras a los proyectos energéticos planeados sobre la cuenca del río Verde.
De la misma manera, el Copudever, sus aliados y aliadas han tejido acciones para fortalecer los procesos comunitarios y el proceso regional.
En una primera etapa para informar, después para desarrollar acciones que han permitido por la vía pacífica expresar su posición y presentar estrategias jurídicas y administrativas para frenar los proyectos hidroeléctricos.
