Luis Ignacio Velásquez
La diputada Ysabel Martina Herrera Molina, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), presentó una iniciativa de reforma a la Ley Estatal de Hacienda a fin de destinar el 50 por ciento de la recaudación anual del Impuesto al Desarrollo Social a la integración e igualdad de las comunidades afromexicanas.
La iniciativa con proyecto de decreto señala que el objeto de este impuesto es la realización de pago por concepto de derechos previstos en la Ley Estatal de Derechos.
Y el impuesto tiene como destino los programas Bienestar y los que fomenten la educación y la no deserción escolar en congruencia con los contenidos del Plan Estatal de Desarrollo.
“Así, utilizando este mismo instrumento ahora propongo destinar la mitad de la recaudación obtenida, para el desarrollo integral de las comunidades afromexicanas, con la finalidad de que dichos recursos puedan servir para impulsar programas de desarrollo que generen la integración e igualdad en las comunidades de población afromexicana”.
Añade que hoy existen ya un conjunto de programas sociales diseñados por el gobierno federal que atienden estas causas, los programas Bienestar, que apoyan por medio de becas la deserción escolar, a los adultos mayores y madres solteras cuya población y objetivo es el mismo que se atiende actualmente con el Impuesto al Desarrollo Social.
Manifiesta que una vez que se apruebe la reforma se aplique para los programas del ejercicio fiscal 2023, lo anterior con la finalidad de no modificar el Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2022, así como los programas que tengan como origen de sus recursos, lo recaudado por el actual Impuesto al Desarrollo Social; por lo tanto, podemos decir que la presente iniciativa no presenta impacto presupuestal para el ejercicio fiscal 2022.
Precisa que además se faculta, mediante el transitorio segundo, a la Secretaría de Pueblos Indígenas y Aformexicano a que genere las reglas de operación y programas a financiar por medio de los recursos que se destinan para el desarrollo integral de este sector, dando 120 días a partir de la publicación del decreto respectivo para que presenten las reglas de operación, así como los programas respectivos, los cuales deberán contar con el visto bueno de las comisiones permanentes de pueblos indígenas y afromexicano, y estatal de hacienda de la 65 legislatura.
