Luis Ignacio Velásquez
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó un probable daño a la hacienda pública federal por un monto total de 42 millones 393 mil 503 pesos de recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) aplicado en Oaxaca en el ejercicio fiscal 2020, por comprobantes fiscales cancelados, falta de documentación comprobatoria, pagos de obras que operaron parcialmente o no fueron ejecutadas.
De acuerdo al Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2020, elaborado por la ASF, la cuantificación monetaria de las observaciones se integra por recursos por aclarar que corresponden a 4 millones 112 mil pesos por pagos de comprobantes fiscales que se encontraban cancelados a la fecha de su revisión, y 11 millones 547 mil pesos por concepto de pagos que no disponen de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto.
Además, de 3 millones 230 mil pesos de recursos no pagados al 31 de marzo de 2021.
23 millones 372 miles de pesos correspondientes al pago de cuatro obras que operan parcialmente y 130 mil pesos por el pago de conceptos de obra pagada no ejecutada.
Así como de las recuperaciones operadas por 9 mil 600 pesos de intereses generados en el mes de marzo de 2021 que fueron transferidos a otras cuentas bancarias.
Faltas administrativas
Destaca que, asimismo, se determinaron faltas administrativas consistentes en la carencia de contratación de cuentas bancarias productivas y específica, pagos mediante cheque sin contar con la justificación correspondiente de la falta de disponibilidad de servicios bancarios en la localidad, falta de cancelación de la documentación comprobatoria del egreso con la leyenda “operado” e identificada con el nombre del fondo, obras adjudicadas que excedieron los montos máximos de actuación para cada modalidad de contratación, falta de entrega de la totalidad de los informes trimestrales respecto del ejercicio y resultados de los recursos del FISE para el ejercicio fiscal 2020 y su congruencia con los reportados a la Secretaría de Bienestar.
El documento establece que el gobierno del estado de Oaxaca incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y el Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de marzo de 2020.
Añade que, de igual forma, se registraron incumplimientos a las principales obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que el gobierno del estado de Oaxaca no proporcionó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Bienestar la totalidad de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos que le fueron transferidos; asimismo, la información contenida en el formato de gestión de proyectos (destino del gasto) no coincide con el número de proyectos reportados y autorizados en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social, respecto de los recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades del ejercicio fiscal 2020.
