Octavio Vélez Ascencio
Aunque Francia adoptó la Ley del Deber de Vigilancia para proteger los derechos humanos y prevenir violaciones resultantes de sus actividades comerciales, defensoras y defensores comunitarios de Uganda y Unión Hidalgo, se encuentran en peligro frente a megaproyectos de dos importantes empresas francesas.
En una declaración conjunta, suscrita con organizaciones de la sociedad civil de países de América, Europa, Asia y África, el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) sostuvo que las empresas transnacionales desempeñan un papel importante a la hora de perpetrar directamente, contribuir o respaldar diferentes acciones de violencia contra las personas defensoras del medio ambiente y la tierra opuestas a los proyectos empresariales a gran escala.
Expuso que las empresas influyen deliberadamente en la toma de decisiones de las comunidades sobre los proyectos corporativos, por ejemplo prometiendo beneficios a determinados miembros de la comunidad o interfiriendo en los mecanismos de participación, para generar polarización y alimentar conflictos, a través de divisiones y tácticas de presión.
Además, observó que las empresas suelen dar marcha con sus proyectos a pesar del evidente fracaso de las autoridades públicas a la hora de garantizar la protección de los derechos humanos y de los derechos de las comunidades afectadas.
Subrayó que los casos de las comunidades rurales en Uganda y de la comunidad indígena de Unión Hidalgo, ilustran estas tendencias, porque hasta enfrentan una creciente criminalización, amenazas y una escalada de violencia, por el simple hecho de defender sus tierras, sus medios de vida y sus derechos humanos, ante el desarrollo de los megaproyectos de las empresas francesas Total y EDF (Électricité de France).
Por esto, resaltó que las comunidades afectadas y las organizaciones de la sociedad civil buscan justicia en Francia, porque la Ley del Deber de Vigilancia, crea un deber jurídicamente vinculante para las empresas matrices y de subcontratación de prevenir y mitigar los riesgos de violaciones graves de los derechos humanos, las libertades fundamentales, la seguridad y la integridad física de las personas, y el medio ambiente causadas por sus operaciones en todo el mundo.
Mencionó que en los dos casos, así como en muchos otros, la intimidación reiterada y el creciente clima de violencia impiden a las comunidades afectadas y a otras partes interesadas en el proyecto, expresar libremente sus preocupaciones sobre los proyectos de negocios.
El ProDESC dijo que las empresas Total y EDF no previnieron de manera adecuada las graves violaciones de los derechos humanos causadas por las actividades de sus filiales y subcontratistas, incumpliendo así su deber de vigilancia.
