Reforma
Un grupo plural en el Senado exigió ayer a la Gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, y a la Fiscalía General de la República (FGR) que se castiguen a los responsables de haber intentado violar a Angélica, quien fue obligada a casarse por usos y costumbres en la Montaña de Guerrero. Lo mismo ocurre en localidades de Oaxaca.
La panista Xóchitl Gálvez explicó que está prohibido el "violentar a una mujer" y, por lo tanto, constituye un delito que amerita castigo.
"Debe investigarse y castigarse a los responsables, como un delito de abuso sexual. Ha sido muy cómodo para las autoridades decir que se trata de usos y costumbre y por eso dejan de hacer su trabajo, pero no se debe tolerar ningún uso y costumbre que violente a las mujeres", sostuvo.
Grupo Reforma dio a conocer que Angélica fue vendida a los 11 años para un matrimonio infantil forzado. Su esposo emigró a Estados Unidos y tuvo que vivir con sus suegros.
La adolescente huyó tras varios intentos de violación de su suegro, quien alegaba ser su dueño pues pagó 120 mil pesos para casar a su hijo. El hombre exigió a la Policía Comunitaria la devolución del dinero o la detención de la niña, quien pasó 10 días en prisión junto con sus hermanitas y su abuela.
El senador priista Manuel Añorve pidió apoyo al Gobierno de Salgado para erradicar el matrimonio infantil; además, exhortó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a la FGR a que impulsen una campaña de prevención del matrimonio forzado.
La morenista Malú Micher anunció que la bancada mayoritaria presentará una iniciativa "para analizar a fondo y modificar los artículos que se requieran".
La senadora petista Geovanna Bañuelos presentó una iniciativa para reformar el Artículo Segundo de la Constitución para que los usos y costumbres de las comunidades indígenas no vulneren los derechos humanos, la libertad y el libre desarrollo de las niñas y mujeres indígenas, sometiéndolas a matrimonios forzados.
Advirtió que en pleno siglo 21 en localidades de Oaxaca, Chiapas y Guerrero aún persisten prácticas que atentan contra toda libertad de decisión de las mujeres.
Aproximadamente 300 mil niñas han sido vendidas para matrimonio en Oaxaca y Guerrero; su precio va desde los 40 mil hasta 200 mil pesos y se paga con ganado o bebidas alcohólicas, de acuerdo con reportes de ONG.
Según Neil Arias, abogada del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, en Guerrero, factores como el arraigo de las tradiciones ancestrales, la pobreza y la omisión por parte de las autoridades, posibilitan la venta de niñas para matrimonios arreglados.
Bañuelos explicó que su propuesta busca garantizar el respeto y promoción de la dignidad e integridad de las mujeres indígenas; además, pretende prohibir las prácticas y costumbres comunitarias que vulneran los derechos humanos, las libertades y el libre desarrollo de las niñas y mujeres indígenas.
