Octavio Vélez Ascencio
El Estado mexicano reconocerá como sujetos de derecho público a los pueblos indígenas y afromexicano, quienes alimentan y nutren la riqueza cultural y lingüística del país, por ser un compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró el director general del INPI, Adelfo Regino Montes.
“El llamado Día de la Raza ha quedado en el pasado para dar paso al Día de la Nación Pluricultural”, asentó.
Sostuvo que cada 12 de octubre se deben ponderar a las culturas indígenas y no a las razas, porque implica un tono de superioridad de unas sobre otras.
“Ahora no se debe hablar más de celebrar a la raza, porque se ha establecido el Día de la Nación Pluricultural por disposición del Senado de la República”, asentó.
Expuso que el Presidente, durante este 2020 cuando se cumplen 700 años de la fundación de México-Tenochtitlán, 529 años de la llegada de los conquistadores al continente americano y 200 años de la independencia nacional, ha encabezado diferentes actos conmemorativos como la ceremonia de petición de perdón al pueblo maya el 3 de mayo y recientemente, el 28 de septiembre al pueblo yaqui.
Expresó que en el perdón al pueblo yaqui, los pueblos indígenas y afromexicano entregaron al Presidente la propuesta de Reforma Constitucional sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicano, para ser presentada en el Congreso de la Unión.
“Esta iniciativa se debe analizar y reflexionar, para que en su momento pueda ser aprobada por el legislativo”, señaló.
Detalló que la iniciativa de Reforma Constitucional sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicano surgió de un Foro Nacional donde participaron 649 representantes de cada uno de los Foros Regionales celebrados en 2019 en diferentes estados del país.
Subrayó que en el gobierno del presidente López Obrador no se puede entender sin la participación de los pueblos y las comunidades indígenas.
Destacó que las modificaciones constitucionales tienen como propósito el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público con personalidad jurídica, para tener la capacidad legal plena de ejercer sus derechos y funciones de autoridad.
Regino Montes dijo que también se plantea consolidar el derecho de libre determinación y autonomía, pues se armonizarán con los instrumentos internacionales en la materia y mediante mecanismos para su ejercicio efectivo.
