Octavio Vélez Ascencio
Por separado, la Red Estatal de Víctimas de Oaxaca Tomás Martínez Pinacho, el Consejo Indígena Popular de Oaxaca Ricardo Flores Magón (CIPO-RFM) y la Organización 23 de Octubre se manifestaron ayer para reclamar a las autoridades estatales atender sus reclamos sociales y de justicia.
Además, la Asamblea Permanente de Víctimas, Sobrevivientes y Ex Presos Políticos de Oaxaca 2006-2007 protestó frente a los juzgados federales localizados frente al Paseo Juárez El Llano.
Primeramente, durante la protesta de la Red Estatal de Víctimas de Oaxaca Tomás Martínez Pinacho, frente a la Fiscalía General del Estado, el presidente del Comité Estatal del FPR, Macario Otalo Padilla demandó al gobierno estatal cesar de inmediato las agresiones y asesinatos políticos contra defensores de la tierra y dirigentes sociales, al cumplirse un mes del crimen de su compañero Manuel Cartas, sucedido en Santa María Huatulco.
Explicó que la víctima de origen humilde, dedicado a vender y comprar desecho industrial de reciclaje, no tuvo enemigos entre el pueblo, pues su único delito fue ponerse al frente de una lucha justa.
“Los dueños del dinero, la burguesía, nos ha quitado a un hijo del pueblo, pretenden adueñarse de la tierra para poner sus negocios inmobiliarios y turísticos, pero la bandera que ha soltado Manuel Cartas la levantaremos para continuar su lucha”, anotó.
Ante esto, exigió una investigación pronta para dar con los responsables del asesinato del Manuel Cartas y de Tomás Martínez Pinacho.
“No descansaremos hasta conseguir justicia y lograr que la tierra por la que luchó sea por fin para la gente humilde, para la clase trabajadora”, asentó.
Exigencia de justiciaPor otra parte, el CIPO-RFM se concentró en la fuente de Las Ocho Regiones y posteriormente se manifestó en una marcha de pies cansados al centro de la ciudad, para terminar con un plantón frente a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), como medida de presión para que el Poder Judicial del Estado sentencie a los presuntos responsables del homicidio de cuatro de sus compañeros en Cerro Caliente, Santiago Jocotepec.
Miguel Cruz Moreno, miembro de la Junta Organizativa del CIPO-RFM, dijo que el primero de sus compañeros, Gustavo Cruz Mendoza, fue asesinado por miembros de la delincuencia organizada el 20 de enero de 2019 por exigir derecho a la vida de más vulnerables de Cerro Caliente.
Expresó que ese mismo grupo de la delincuencia organizada victimó posteriormente el 20 de junio de ese mismo año a tres jóvenes simpatizantes de la organización, quienes incluso fueron degollados de la manera más cruel.
Por eso, subrayó que el CIPO-RFM se manifestó para presionar a un Juzgado del Centro de Justicia Víctor Bravo Ahuja, localizado en la ciudad de Tuxtepec, y sean sentenciados los cuatro detenidos acusados de homicidio calificado y delincuencia organizada, durante la audiencia final.
En tanto, la organización 23 de Octubre bloqueó los accesos de la Ciudad Administrativa Benemérito de las Américas, las vialidades en los alrededores de la fuente de Las Ocho Regiones y oficinas alternas del gobierno estatal.
El presidente de ese organismo social, Alejandro Escobar Sánchez dijo que la militancia se movilizó obligadamente ante la cerrazón, la mentira y la simulación del coordinador del Comité para la Planeación del Desarrollo (Coplade), Jorge Toledo Luis.
“Sobresale por ser un soberbio y prepotente servidor público que juega el triste y vergonzoso papel de funcionario”, señaló.
"No nos moveremos"De este modo, subrayó que la Organización 23 de Octubre salió a las calles para hacer uso de su derecho, hasta tener respuestas concretas y serias a sus demandas sociales.
“Hemos cumplido con todo el proceso establecido y las reglas de operación vigente, pero ha habido una total falta de respuesta y seriedad”, indicó.
Ante esto, emplazó al gobernador Alejandro Murat Hinojosa a ocuparse de sus demandas y aplicar las medidas necesarias para dar respuestas.
“No nos moveremos hasta conseguirlo”, apuntó.
Por otra parte, en representación de la Asamblea Permanente de Víctimas, Sobrevivientes y Ex Presos Políticos de Oaxaca 2006-2007, el presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), Isaac Torres Carmona exigió al gobernador Alejandro Murat Hinojosa, cumplir la sentencia del juicio de amparo 35/2019 y así la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, declare su legal incompetencia para conocer de la demanda planteada por las víctimas, respecto de los actos del ministerio público y remita los autos a la Secretaria de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, para que de acuerdo a la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y Municipios de Oaxaca y su Reglamento, finquen la responsabilidad administrativa y resuelvan sobre las indemnizaciones reclamadas por los afectados.
