El Poder Legislativo convocó al gobierno del estado y a los presidentes municipales de los 570 ayuntamientos de la entidad, para que en el marco del Mes Patrio, ordenen suspender todo tipo de eventos, conciertos, ferias y festividades, y asimismo vigilar que sus habitantes se abstengan de llevar a cabo actividades masivas en su jurisdicción municipal, a fin de garantizar la seguridad e integridad de los mismos habitantes y contrarrestar los contagios y propagación de la enfermedad de la COVID-19.
La proposición con punto de acuerdo, aprobado como de urgente y obvia resolución, establece que no obstante los esfuerzos generados por el gobierno de la República, en nuestro estado de Oaxaca la crisis financiera, económica, sanitaria y laboral por la que atraviesa nuestro Sistema Estatal de Salud, ha dejado severas consecuencias entre los oaxaqueños, haciéndose más evidentes en las comunidades y pueblos indígenas en los que difícilmente ha llegado la atención del gobierno federal y a los que el gobierno estatal ha abandonado.
Señala que, aunado a lo anterior, la evolución de la enfermedad y propagación del virus SARS-CoV-2 ha traído como consecuencia que el número de personas contagiadas supere en la entidad, la cantidad de 63 mil casos y 4 mil 429 muertes, a pesar de los esfuerzos realizados por los tres órdenes de gobierno, en el sentido de reforzar sus medidas preventivas, desde que el gobierno federal implementó un sistema de semaforización de riesgo epidemiológico.
Asevera que, ante tal situación de contingencia, deben ser los presidentes municipales de los 570 ayuntamientos del estado quienes ordenen la suspensión de todo tipo de eventos, conciertos, ferias y festividades en el marco del Mes Patrio, a fin de garantizar la seguridad e integridad de sus habitantes; así como vigilar que sus habitantes se abstengan de llevar a cabo actividades masivas en su jurisdicción municipal, con la única finalidad de hacer frente a la enfermedad de la COVID-19 que está poniendo en riesgo la vida de los habitantes del estado.
Destaca que, de acuerdo a la Ley Estatal de Salud, los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, son autoridades sanitarias y forman parte del Sistema Estatal de Salud, por lo que deben ser garantes del derecho de protección de la salud; así mismo, proporcionar servicios de salud a toda la población y mejorar la calidad de los mismos, atendiendo a los problemas sanitarios del Estado y a los factores que condicionen y causen daño a la salud, con especial interés en las acciones preventivas.
Dice que además resulta una responsabilidad compartida el hecho de evitar epidemias sanitarias y en este caso la pandemia, misma que es clasificada como un fenómeno antropogenético (fenómeno perturbador producido por la actividad humana) y que es indiscutible que el estado debe adoptar medidas de contención extraordinarias en materia de salud y protección de la vida como derecho humano.
