La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) hizo un llamado a las autoridades encargadas de la procuración y administración de justicia a esclarecer a la brevedad el asesinato del dirigente regional del Frente Popular Revolucionario (FPR), Tomás Martínez Pinacho y de otros activistas.
El ombudsperson Bernardo Rodríguez Alamilla afirmó que los activistas y defensores de derechos humanos son esenciales en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria, porque dan voz a grupos históricamente invisibilizados y ponen en la agenda pública las desigualdades en la sociedad, para dirigir o redirigir las políticas públicas, a través de una atención integral de la problemática.
“Por ello, las agresiones en su contra afectan a toda la población y dejan en la indefensión a las personas y comunidades que acompañan”, asentó.
"Garantizar un ambiente propicio"
De este modo, destacó que resulta prioritario respetar y garantizar la labor de quienes se dedican a defender derechos de tierra y territorio, comunitarios, así como económicos, sociales, culturales y ambientales, pues con sus acciones de defensa de tierras, aguas, bosques, se enfrentan a una situación de riesgo agravado por los intereses políticos y económicos, sobre todo, cuando se trata de la implementación de proyectos de infraestructura y desarrollo a gran escala.
Por eso, pidió a las autoridades de los tres niveles de gobierno, garantizar un ambiente propicio para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos y el activismo social, incluido el derecho a la libertad de expresión y manifestación de quienes exigen se sancionen las agresiones en contra de personas defensoras y activistas de derechos humanos.
Además, convocó a las autoridades encargadas de la procuración y administración de justicia esclarecer a la brevedad los crímenes de Martínez Pinacho, así como del ambientalista de San Agustín Loxicha, Eugui Roy Martínez Pérez, y del defensor de la tierra y territorio en Paseo de la Reina, Fidel Heras Cruz, mediante una investigación exhaustiva, donde se incluya la posible relación con su labor de defensa de los derechos humanos, y así sean llevados los responsables ante la justicia.
Rodríguez Alamilla dijo que el acceso a la justicia de las personas defensoras de derechos humanos y la de sus familias implica, además de conocer la verdad de los hechos, la sanción a los responsables, la atención a las víctimas directas e indirectas, así como garantías de no repetición.
Los expedientes
La DDHPO ha iniciado 29 expedientes relacionados con actos de hostigamiento o violencia contra defensores, entre marzo de 2020 y el 23 de este mes de agosto.
