El Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (Codigo-DH) demandó a los gobiernos federal y estatal unificar el decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador para que sean liberadas las personas privadas de la libertad víctimas de tortura, quienes se encuentran en cárceles estatales.
La coordinadora general de la organización, Sara Méndez Morales explicó que el decreto contempla la liberación de personas privadas de su libertad en cárceles federales a quienes no han tenido una sentencia definitiva por dilación en sus procesos penales y a quienes hayan sido torturados.
Sin embargo, expuso que existen varios puntos de preocupación, especialmente por la aplicación del protocolo de Estambul para acreditar la tortura, porque existen otras pruebas con tal fin, especialmente ante la falta de capacitación de peritos, ministerios públicos y defensores de oficios sobre la documentación de este trato cruel e inhumano.
Además, subrayó que la mayoría de las personas privadas de su libertad en cárceles estatales no solamente no han logrado tener un debido proceso, sino también han sido víctimas de tortura.
Destacó que en la mayoría de los casos no existe garantía del acceso a la justicia a las víctimas de tortura ni una correcta aplicación del protocolo de Estambul, debido a la ineficiencia de los responsables de aplicarlo y una mala implementación de justicia.
De este modo, resaltó que en Oaxaca se requiere garantizar el acceso a la justicia a todas las víctimas de tortura y con esto, las personas encargadas de implementar este decreto lo hagan efectivo, ético, claro, accesible y sin obstaculizar su ejecución.
Defensa ética y efectiva
Subrayó que en la aplicación de este decreto es necesario tomar en cuenta todas las pruebas y delimitarse los procesos burocráticos, sin saltar las normativas para garantizar un buen juicio apegado a las leyes penales aplicadas.
Ante esto, requirió a los gobiernos federal y estatal unificar la aplicación del decreto a las personas privadas de su libertad en cárceles estatales y que los aplicadores garanticen un conocimiento amplio en el protocolo de Estambul.
Así también que los abogados de oficios encargados de la defensa de las víctimas se apeguen a derecho y garanticen una defensa ética y efectiva a las víctimas de tortura en el estado.
Y por último, que los parámetros para considerar la tortura sean los apegados a la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, pero sobre todo, tomar en consideración la diversidad social del estado y su pluriculturalidad.
Protocolo de Estambul
Es un manual para la investigación y documentación eficaz de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.
