En el palacio legislativo las medidas de seguridad poco a poco languidecen. Los arcos detectores de metales hace mucho tiempo que ya no sirven, incluso hasta los retiraron, y de la veintena de cámaras de circuito cerrado que monitorean el inmueble, el 80 por ciento no funciona.
Además, los taxistas colectivos de San Raymundo Jalpan establecieron su sitió frente al acceso principal del Congreso y si alguien se atreve a ocupar un espacio en el lugar, le bajan el aire a las llantas de los vehículos o simplemente las pican con un desarmador.
A través de un oficio, dirigido al presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la 63 legislatura, Irineo Molina Espinoza, y el Oficial Mayor del Congreso, Igmar Francisco Medina Matus, los encargados de la seguridad del recinto legislativo piden “reemplazar el equipo de vigilancia que tiene actualmente este edificio, ya que por la falta de mantenimiento el 80 por ciento de este sistema se encuentra en mal estado, lo cual nos imposibilita monitorear correctamente el edificio”.
También solicitan colocar un arco detector de metales en el acceso principal con la finalidad de que todas las personas que ingresen a este edificio, lo hagan sin portar ningún tipo de arma u objetos que pongan en peligro la integridad física de todas las personas que ahí laboran y la de los propios diputados.
Así mismo proponen automatizar los accesos 1 y 2 (estacionamiento de directores y diputados) esto con el fin de que los servidores públicos que ingresen con su vehículo sean los que estén autorizados por la Junta de Coordinación Política y el Oficial Mayor del Congreso y así, tener un control absoluto de quien ingrese o salga del inmueble.
Otro problema de seguridad lo representa el sitio de taxis colectivos, que impiden a trabajadores y visitantes del recinto legislativo ocupar el espacio frente al acceso principal, porque se lo han apropiado para su exclusividad.
Trabajadores y visitantes en diversas ocasiones han denunciado daños a sus vehículos, carros o motocicletas, a los que les ponchan o sacan el aire a las llantas, en tanto que en otros casos destruyen salpicaderas, faros o rayan las unidades.
La impunidad es tal que hasta los propietarios de los puestos de comida que se ubican en ese lugar exigen también que nadie se estacione frente a sus negocios, so pena de una retahíla de insultos.
Comentan las propios trabajadores que sin embargo, las personas de los puestos ingresan a las instalaciones del Congreso a la hora que quieren para utilizar los sanitarios y entonces sí no respetan que los mismos fueron instalados para visitantes y trabajadores al recinto legislativo.
