El Comité de Defensa Integral de derechos Humanos Gobixha (Codigo-DH) denunció que los afromexicanos Honorio Corcuera Noyola y Margarito González Domínguez se encuentran privados de la libertad y sin sentencia desde hace 10 años.
La coordinadora general de la organización, Sara Méndez Morales dijo que Honorio Corcuera Noyola y Margarito González Domínguez, originarios de Chacahua, Villa de Tututepec, fueron torturados y acusados de los delitos de homicidio calificado con premeditación y ventaja, así como por robo calificado con violencia física, en agravio del estudiante de la UNAM, Jesús Israel Moreno Pérez, desaparecido el 8 de julio de 2011 en esa comunidad.
“Son exhibidos públicamente como los responsables del asesinato, pero hasta el momento el cuerpo de la víctima no ha sido localizado”, asentó.
Explicó que los afromexicanos fueron privados de su libertad en diciembre de ese año y posteriormente quedaron arraigados durante un mes, donde sufrieron tortura por sus captores para aceptar su responsabilidad en el delito de homicidio calificado.
Subrayó que la averiguación previa iniciada por la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) por la desaparición de Moreno Pérez, ha sido motivo de observación por la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) y el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), por las irregularidades registradas.
Incluso, explicó que la DDHPO en su recomendación 13/2016 requirió a la ahora Fiscalía General del Estado (FGE) realizar de manera inmediata todas las diligencias pendientes de la averiguación previa iniciada al comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones, Juan Luis Vásquez Martínez, por las acusaciones del padre de la víctima, Carlos Moreno Zamora, por las amenazas de muerte en su contra, por fabricar hechos y testigos falsos, declarar a menores de edad sin la presencia de sus tutores y perito psicólogo, por el ofrecimiento de dinero a los testigos y por los posibles casos de tortura.
Ante esto, Méndez Morales requirió al Poder Judicial del Estado resolver el estatus jurídico de ambos detenidos por cumplir 10 años privados de su libertad y sin estar sentenciados, a pesar de la existencia de la tortura sufrida y de diferentes pruebas sobre su inocencia.
“Continúan privados de la libertad sin sentencia, lo que en sí mismo ya constituye una grave violación al acceso a la justicia y debido proceso legal”, terminó.
