La 64 Legislatura del estado exhortó al titular de la Fiscalía General del Estado, Arturo de Jesús Peimbert Calvo, a cumplir con su obligación de actuar con la debida diligencia en torno al homicidio del periodista Gustavo Sánchez Cabrera, asesinado el pasado 17 de junio en el Istmo de Tehuantepec, agotando la hipótesis de que el ataque haya sido en represalia por sus tareas como comunicador, con el fin de que ese crimen no quede en la impunidad.
Asimismo, solicitó al titular del Poder Ejecutivo del Estado a cumplir de inmediato con las medidas de protección solicitadas por las instituciones pertinentes, con el fin de salvaguardar la vida y la integridad de las y los periodistas que se encuentren bajo riesgo por cumplir con el alto ejercicio de informar a la sociedad, con el fin de evitar la repetición de casos como el del periodista Gustavo Sánchez Cabrera.
También convocó al titular del Poder Ejecutivo a que instruya a todas sus dependencias que sean pertinentes a fin de garantizar la integridad, la vida y la libertad de expresión de las comunicadoras y los comunicadores del estado de Oaxaca que puedan estar en riesgo por el ejercicio de la libertad de expresión, coordinándose para ello de manera efectiva con las propias personas en riesgo.
La proposición con punto de acuerdo, que fue aprobada como de urgente y obvia resolución, señala que el jueves 17 de junio el reportero Gustavo Sánchez Cabrera fue asesinado a balazos mientras viajaba en una motocicleta, en compañía de otra persona que resultó con lesiones leves, en el camino que comunica a las poblaciones de San Vicente y Morro Mazatán, en el Istmo de Tehuantepec.
Manifiesta que Sánchez Cabrera estaba incorporado al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, por lo que se le otorgó un botón de asistencia con aplicación de localización para el sistema de reacción inmediata.
Subraya que la agresión a un periodista con motivo de su trabajo no es solamente el ataque a una persona, sino a la capacidad de ésta para obtener información y difundirla, y contra el derecho del resto de la sociedad a contar con esa información.
“Así el resultado no es solo un atentado contra el derecho individual de difundir información, sino contra el derecho colectivo de recibirla, que además es la base para el ejercicio del resto de los derechos civiles y políticos, lo que a su vez tiene también impacto en el resto de los derechos económicos, sociales y culturales”.
Afirma que como sociedad no podemos permitir que la fuerza impere sobre el ejercicio de los derechos humanos.
“No podemos permitir que la barbarie se imponga por encima de los principios democráticos que fundan el sistema de convivencia que como sociedad hemos logrado”.
64 Legislatura del Congreso del Estado.
