La diputada del Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Elisa Zepeda Lagunas presentó una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, a fin de garantizar la alternancia de género en quien ocupe la presidencia del Poder Judicial.
Después de que se impusiera a Abraham Soriano Reyes y Moisés Molina Reyes como magistrados del Tribunal Superior de Justicia sin tomar en cuenta la terna propuesta por el Congreso que incluía a dos mujeres, lo que motivó que se impugnarán las designaciones, la reforma propuesta establece que: El Tribunal Superior de Justicia estará presidido por la magistratura que en votación secreta resulte electa en la primera sesión plenaria del mes de enero, observando el principio de alternancia de género.
El documento presentado ante la Comisión Permanente, establece que la iniciativa propone que en la elección de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca se ejerza una acción afirmativa que garantice que quien ocupe dicho cargo se alterne al género de quien la desempeña actualmente, lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece como “obligación que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad”.
Reivindicaciones de los derechos de las mujeres
Agrega que de esta manera se puede indicar que la acción afirmativa que se propone garantiza los principios constitucionales de universalidad y progresividad a favor de las mujeres en nuestra entidad, al otorgarles el acceso a la titularidad del Poder Judicial del Estado de Oaxaca.
Señala que, además, sirva la propuesta como parte de las reivindicaciones de los derechos de las mujeres a quienes históricamente se les ha negado la participación en condiciones de igualdad con los hombres.
“Esta acción afirmativa de ninguna manera debe ser considerada discriminatoria, tal como lo establece la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW por siglas en inglés), sino por el contrario, como una medida para alcanzar la igualdad sustantiva”.
Destaca que, con la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, se presentó un cambio de paradigma de los derechos inherentes a la persona reconociendo los contenidos de los tratados internacionales suscritos por México, obligando a las autoridades a prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos y en caso de no hacerlo, estarían incurriendo en responsabilidades.
