El papa Francisco ha endurecido las regulaciones para los clérigos que abusan de menos y adultos vulnerables en la legislación de la Iglesia Católica, llevando a cabo la revisión más radical en cuatro décadas.
Incluyendo toda la sección 6 del Código de Derecho Canónico de la Iglesia, el cual consta de siete libros con aproximadamente mil 750 artículos, esta revisión se mantiene en proceso desde 2009, lo que la convierte en la más extensa desde la aprobación de Juan Pablo II del código actual en 1983.
El Papa recordó a los obispos que son responsables de seguir la ley y que uno de los objetivos de las revisiones es "reducir el número de casos en los que la imposición de una pena se deja a la discreción de las autoridades".
La nueva sección, que incluye alrededor de 80 artículos relacionados con el crimen y el castigo, incorpora algunos cambios hechos a la ley de la Iglesia desde 1983 por los papas e introduce nuevas categorías.
Monseñor Filippo Iannone, jefe del departamento del Vaticano que supervisó el proyecto, sostuvo que había existido "un clima de excesiva laxitud en la interpretación del derecho penal", en el que a veces la misericordia era preponderante frente a la justicia.
El abuso sexual de menores se incluyó en una nueva sección titulada "Delitos contra la vida humana, la dignidad y la libertad", en lugar de los anteriormente imprecisos "Delitos contra obligaciones especiales".
Cambios significativos
Esa sección se amplió para incluir nuevos delitos como "preparar" a menores o adultos vulnerables para el abuso sexual y la posesión de pornografía infantil.
Los cambios más significativos están en dos artículos, el 1.395 y el 1.398, que pretenden corregir problemas y déficits en la gestión de abusos sexuales por parte de la Iglesia.
La ley reconoce que los adultos también pueden ser víctimas de sacerdotes que abusan de su autoridad, y dicen que los legos que ejercen labores eclesiásticas pueden ser castigados por abusar de menores o adultos.
El Vaticano también penalizó el 'grooming' de menores o adultos vulnerables por parte de sacerdotes para incitarles a participar en material pornográfico.
Es la primera vez que el derecho canónico reconoce oficialmente como criminal el método utilizado por agresores sexuales para entablar relaciones con sus víctimas, con regalos y otras distinciones, para luego explotarles sexualmente.
La reforma también retira buena parte de la capacidad de discreción que permitía a obispos y jerarcas de la Iglesia ignorar o encubrir los abusos, y deja claro que pueden afrontar responsabilidades por omisiones y negligencia a la hora de investigar y sancionar adecuadamente a los sacerdotes implicados en abusos.
