El Congreso del estado aprobó un punto de acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo informe sobre los nombres, los criterios, la periodicidad y los montos que destinan para el apoyo a organizaciones sociales, recursos que ascienden a mil millones de pesos.
El diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Juan Mendoza Reyes, quien presentó la propuesta, dijo que el arranque del nuevo gobierno estatal ha sido el banderazo de salida para que numerosas organizaciones sociales y gremiales manifiesten sus exigencias, muchas de ellas legítimas y transparentes, muchas de ellas no, mediante actos de presión política en distintos puntos del territorio.
“En algunos casos, incluso, hemos visto graves demostraciones de intolerancia por parte de grupos radicales que provocan caos y violencia y amenazan la seguridad y la integridad de las familias oaxaqueñas, escondiéndose detrás de pancartas y pasamontañas, cometiendo más que sólo actos de vandalismo, sino evidentes delitos del fuero común, como robo de mercancías, secuestro de unidades de transporte público, bloqueos a vías de comunicación y daño a la propiedad privada y bienes públicos”.
Añadió que en todos los casos ha sido práctica común de la Secretaría General de Gobierno y de otras dependencias del Ejecutivo, “el tranzar con estas organizaciones radicales, para evitar supuesto daños mayores a la gobernabilidad de Oaxaca, con resultados poco exitosos o definitivamente, sendos fracasos que exhiben su incapacidad para lograr acuerdos que permitan la gobernabilidad y la normalización democrática de la vida económica, política y social de los oaxaqueños”.
Sostuvo que lo más grave de esta práctica antidemocrática es que ocurre en los drenajes de la política y en el más profundo oscurantismo, a espaldas de la sociedad oaxaqueña y dejando un tufo de corrupción e impunidad en las relaciones entre el gobierno y las organizaciones que han encontrado en el chantaje un modus vivendi y un pasaporte a las arcas del gobierno sin control ni rendición de cuentas. “Esta política pública pone en entredicho la legitimidad democrática de las decisiones de un gobierno respecto al uso y el destino de los recursos del presupuesto estatal”.
Por su parte, el diputado del Partido del Trabajo (PT), Jesús Romero López, solicitó establecer un catálogo estatal que clasifique cuáles son las organizaciones de carácter productivo en el medio rural y social, “porque hay que cribar en Oaxaca entre lo que es el movimiento social y político, que surge de diversos conflictos y las organizaciones productivas, ya que no estamos en la misma bolsa todos”.
Comentó que en Oaxaca no existen mil organizaciones, son 25 o 26 las más serias del estado. “Mucho de éste monstruo que aun tenemos fue originado desde las esferas del poder, porque desde hace muchos sexenios se ha pretendido resolver los problemas a través de dádivas; el Ejecutivo vino y dijo que costaban mil millones de pesos las organizaciones al pueblo de Oaxaca, pero no es así, hay que distinguir”.
