Seis días a la semana la doctora Paola atiende entre 16 y 20 pacientes en el consultorio anexo a una cadena de farmacias. El 40 por ciento de personas a quienes ausculta, presentan síntomas respiratorios con sospecha de COVID-19, pero ella no ha sido contemplada aún entre el personal médico que ejerce la profesión fuera de las instituciones públicas.
“Al estar en contacto con los pacientes respiratorios somos un grupo vulnerable”, dice entre consulta y consulta. En la sala de espera hay al menos tres personas esperando, una porque necesita una inyección, otra con visible tos y un niño cuya madre prefirió permanecer con él fuera de la sala de espera, porque el centro de salud sólo atiende urgencias graves y aquí la consulta sólo cuesta 50 pesos.
Para llegar al consultorio donde trabaja, en un municipio de Valles Centrales, la doctora Paola debe conducir su vehículo 27 kilómetros. Por la mañana y por la noche atiende en su casa en donde tiene su propio consultorio a cambio de 200 pesos la consulta, “cuando por lo general se cobran 500 pesos” .
Fue esa idea de ayudar a la gente por la que estudió la carrera de medicina y cirugía para trabajar desde hace ocho años en un consultorio adjunto a una farmacia ocho horas diarias, en el turno vespertino.
A diferencia de otros compañeros que en su zona de influencia renunciaron por miedo a contagiarse, ella sospecha que ya pudo contagiarse al tratar a algún paciente asintomático, pues sabe bien que en algunos casos el virus SARS-CoV-2 puede entrar en el cuerpo de una persona sin dar señales de ello.
“De cada diez pacientes que atiendo, cuatro llegan con síntomas respiratorios, pero es una cantidad que varía dependiendo el día”. A todos les pide que se realicen una prueba de laboratorio para detectar si se contagiaron de SARS-CoV-2 y “algunos regresan con resultado positivo” para recibir tratamiento.
Pensar en protestar por la vacuna no es su intención. “Es una petición a nivel nacional en todo el país. Tenemos representantes que piden la vacuna. Lo que sabemos es que a nivel federal no se ha autorizado que se vacunen los médicos privados”.
En Oaxaca al menos mil 785 personas que trabajan en áreas de salud que no son parte de instituciones públicas esperan ser llamados para recibir su dosis que les proteja contra complicaciones en caso de que enfermen de COVID-19, pero la fecha aún es incierta.
