La Comisión Permanente de Procuración y Administración de Justicia de la 64 Legislatura, que preside la diputada Elisa Zepeda Lagunas, llevó a cabo la comparecencia de los seis aspirantes al cargo de magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca.
Divididos en dos ternas, los entrevistados fueron: los abogados Moisés Molina Reyes, Erika María Rodríguez Rodríguez, Joana Vasconcelos Sánchez, Yesica Maribel Arango, Alejandro Magno González Antonio y Abraham Soriano Reyes.
El más cuestionado de los entrevistados fue el ex dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y ex director general del Instituto de la Juventud del Estado de Oaxaca (INJEO), Molina Reyes.
“Como usted sabe en la terna en la que participa se encuentran dos doctoras en Derecho, que obviamente ponderaron su formación académica por encima de vicios a los que pueden ser proclives otras personas; ambas tienen experiencia judicial, de la que usted carece; ninguna tiene filiación partidista, que usted, por el contrario, presume como experiencia laboral; ninguna de ellas es la representación de lo peor del sistema podrido de conducción e impunidad que esta por morir y la presencia de ellas no podría interpretarse como el coletazo final de un reptil ancestral que se resiste a la extinción”, le espetó la diputada Magaly López Domínguez.
Estudio en Gijón, España
Le pidió, además, que explicara cuáles son sus funciones como jefe de la Unidad de Contenidos de la Gubernatura.
“Por cierto, también díganos, su opinión sincera acerca de quienes participamos en las movilizaciones del 2006 y 2007 para protestar contra el gobierno represor y asesino de Ulises Ruiz Ortiz”, solicitó la legisladora morenista.
Pero no fue el único, al ex comisionado presidente del hoy extinto Instituto Estatal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (IAIP), Soriano Reyes, se le cuestionó por utilizar recursos del órgano autónomo para pagarse una maestranza en la ciudad de Gijón, España.
“Vemos que disfraza la erogación de un beneficio personal como un pago por capacitación de personal y tratándose del IAIP, obviamente, el derecho económico no es una especialidad que sea útil y menos cuando esa capacitación se dirige a una sola persona, su titular, y termina apenas dos meses antes de la conclusión de su mandato. ¿Díganos si corrupto no sería el adjetivo adecuado para alguien que realiza una acción de este tipo? Por cierto, hablando de Maestrías ¿díganos cuánto nos costó la suya, así nos costó al pueblo de Oaxaca, si es que no fueron los 113 mil 96 pesos facturados al IAIP por la Universidad de la Rioja?”.
Ambos abogados intentaron salir lo mejor librados de estos cuestionamientos, aunque serán los cinco integrantes de la comisión legislativa quienes habrán de definir quién será el seleccionado para presentarlo al Pleno del Congreso como el mejor preparado para ocupar el cargo.
