El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) cuestionó el plan de compra consolidada de medicamentos del gobierno federal a través de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), pues aseguró que no basta con tener precios más bajos, sino que son necesarias políticas integrales que aseguren, entre otros aspectos, su calidad.
"La UNOPS cuenta con un Observatorio Regional de Precios de Medicamentos, que le permite comparar los precios de medicamentos en 21 países, pero no se encarga de certificar la seguridad o calidad de los medicamentos", indicó.
"La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) se encarga de emitir el registro sanitario de los medicamentos, el cual certifica su seguridad, eficacia y calidad (pero) el presupuesto de este organismo disminuyó 59.6 por ciento al pasar de mil 813 millones de pesos en 2013 a 732 mdp en 2021", añadió la organización civil en un reporte titulado "Eficiencia del gasto en salud: Compra consolidada de medicamentos".
El 31 de julio pasado, el Gobierno anunció que la UNOPS se haría cargo de la compra consolidada de los medicamentos de 2021 a 2024, es decir, la compra de grandes volúmenes que garanticen la cobertura a un menor precio, recordó el CIEP, y que de las nuevas demandas se haría cargo el recién creado Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).
"El Insabi se encargará de consignar la demanda agregada de medicamentos del sector salud y de emitir las órdenes de compra conforme se mueva la demanda, pero a más de un año de la creación del Insabi se desconocen sus reglas de operación", indicó en el informe.
El CIEP precisó además que el presupuesto asignado, finalmente, fue de 8 mil 441 millones de pesos menos, para adquirir 2 mil claves, 808 claves más que la compra consolidada del Instituto Mexicano del Seguro Social para 2019.
"La experiencia internacional muestra que no basta con seleccionar una herramienta única para conseguir precios más asequibles de medicamentos, sino a través de un conjunto de medidas y evaluarlas continuamente", subrayó.
El CIEP consideró adecuadas las compras consolidadas de medicamentos pues señaló que 2014 a 2019 se consiguieron ahorros por 25 mil 509 millones de pesos al conseguir precios más asequibles en comparación con compras descentralizadas.
Desde 2013, añadió, el IMSS se encargó de realizar la compra de medicamentos. En 2019, la Oficialía Mayor fue la encargada de realizar las compras, sin embargo, la Auditoría Superior de la Federación reveló que la compra consolidada no propició las mejores condiciones de compra, ni garantizó el cumplimiento del derecho de protección a la salud de la población.
De 2014 a 2018, señaló el CIEP, el número de personas que pagaron por medicamentos pasó de 26 millones 459 mil 376 personas a 30 millones 521 mil 282. En 2018, 50.1 por ciento de las personas que acudieron a consulta pagaron por medicamentos, es decir el 24.4 por ciento del total de la población.
Compra de medicamentos
Por otra parte, una juez federal resolvió que el Gobierno no puede hacer todas sus compras de medicamentos e insumos médicos por medio de organismos internacionales, sino que dicha modalidad debe ser excepcional y cuando sólo existan proveedores de otros países.
Yadira Medina Alcántara, juez Tercera de Distrito en Materia Administrativa, concedió el 26 de marzo el primer amparo contra la reforma de agosto de 2020, por la cual el Congreso exceptuó de la Ley de Adquisiciones las compras que se hagan por medio de dichos organismos.
La reforma fue el paso previo para poner las compras consolidadas de medicamentos en manos de la Oficina de Servicios para Proyectos de la ONU (UNOPS), que tramita seis licitaciones para 2021 desde hace más de cuatro meses.
La jueza, a la que en febrero fueron asignados los más de veinte amparos de la industria nacional contra esta reforma, no la declaró inconstitucional, sino que hizo una interpretación conforme, para dejarla como un mecanismo aplicable solo en casos urgentes, que consideró justificados en escenarios como el de la pandemia por COVID-19.
SCJN revisará el caso
La sentencia de Mena no surte efectos por ahora, sino que será revisada por la Suprema Corte de Justicia, pues se trata de una ley federal sobre la cual no hay precedentes.
"Cuando el Estado considere indispensable una proveeduría de medicamentos, insumos o servicios médicos, deberá analizar si dentro de la industria nacional existen personas en la rama que puedan participar, caso en el cual, para solventar los principios de eficacia, eficiencia y honradez, deberá verificarse la regla general de licitación pública, con excepción de aquellos en los cuales se genera la necesidad de una adjudicación directa o invitación restringida, o bien, del propio procedimiento analizado", afirmó la juez.
"Y sólo ante el evento de que, previa valoración del propio Estado, sólo existan proveedores extranjeros que puedan prestar el objeto indispensable para la licitación pública, podrá aplicarse por excepción el procedimiento de adjudicación contenido en el artículo reclamado", agregó, al amparar a la empresa Concentradora en Tecnología Hospitalaria.
Las licitaciones de UNOPS sí han permitido la participación de empresas nacionales, que en febrero presentaron la mayoría de las ofertas para medicamentos e insumos, pero que no contarán con los recursos de impugnación de la Ley de Adquisiciones para cuestionar los fallos del organismo internacional.
Ante el retraso de UNOPS, ahora el ISSSTE pretende comprar directamente a una empresa de la India 47 millones de piezas de 158 claves de fármacos, según informó el 8 de abril la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos (Amalaf).
La Amalaf, la Asociación Nacional de Fabricantes de Medicamentos (Anafam) y la empresa alemana Bayer, entre otros, presentaron en marzo amparos para impugnar el acuerdo del pasado 18 de noviembre, por el cual la Secretaría de Salud otorga el registro sanitario a fármacos e insumos importados en máximo cinco días hábiles, en contraste con los 6 a 8 meses para el registro de productos nacionales.
El párrafo cuestionado:
Artículo 1, párrafo quinto de la Ley de Adquisiciones, vigente desde el 12 de agosto de 2020:
Queda exceptuada de la aplicación de la presente Ley, la adquisición de bienes o prestación de servicios para la salud que contraten las dependencias y/o entidades con organismos intergubernamentales internacionales, a través de mecanismos de colaboración previamente establecidos, siempre que se acredite la aplicación de los principios previstos en la Constitución.
