Ante los homicidios de cinco personas defensoras de la tierra y el territorio en Paso de la Reina, Santiago Jamiltepec, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) exigió la intervención inmediata del Estado mexicano para detener de manera inmediata la ola de violencia en esa población de la región de la Costa.
El ombudsperson Bernardo Rodríguez Alamilla informó que ese organismo autónomo inició el expediente de queja DDHPO/0189/(09)/OAX/2021 por los sucesos, donde requirió a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) establecer mecanismos de seguridad para la población en general, pero particularmente para las personas defensoras de la tierra y el territorio.
Explicó que también solicitó la colaboración a la Guardia Nacional (GN) para desarrollar recorridos disuasivos en la comunidad.
Destacó que la inseguridad y las agresiones recientes en esa localidad hacen fundamental la presencia de la SSP y de la Guardia Nacional para inhibir este tipo de actos.
Además, observó que la DDHPO pidió a la Fiscalía General del Estado (FGE) incluir como principal línea de investigación para el esclarecimiento de los hechos, la defensa de la tierra y el territorio por parte de toda una comunidad.
Detalló que la DDHPO ha iniciado 234 indagatorias relacionadas con violaciones a derechos humanos cometidas contra personas defensoras de derechos humanos entre 2015 y hasta febrero pasado.
Resaltó que los defensores de derechos humanos son esenciales en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria, pues dan voz a grupos históricamente invisibilizados.
“Por ello, las agresiones en su contra afectan a toda la población y dejan en la indefensión a las personas que apoyan”, asentó.
De este modo, subrayó que resulta indispensable garantizar el acceso a la justicia a personas defensoras o colectivos víctimas de agresiones, lo cual implica conocer la verdad de los hechos, sanción a los responsables, atención a las víctimas directas e indirectas, así como garantías de no repetición.
“Es prioritario respetar y garantizar la labor de quienes se dedican a defender derechos de tierra y territorio, comunitarios, así como económicos, sociales, culturales y ambientales, porque se enfrentan una situación de riesgo agravado por los intereses políticos y económicos que enfrentan, sobre todo, cuando se trata de la implementación de proyectos de infraestructura y desarrollo a gran escala”, anotó.
Ante esta situación, el titular de la DDHPO llamó a las autoridades a implementar una política que permita identificar los posibles patrones de ataques, agresiones y obstáculos a las personas defensoras de derechos humanos.
“Dentro de esto, incluyendo del actuar de grupos armados ilegales y entidades del crimen organizado, así como empresas que puedan estar involucrados en ataques e intimidaciones contra defensores, líderes comunitarios y pueblos indígenas o afromexicanos”, asentó.
