Ante la emisión del decreto presidencial, la Red en Defensa del Maíz (RDM) manifestó su desacuerdo con el contenido porque no prohíbe el uso del glifosato y del maíz genéticamente modificado en el campo.
“Contrario a lo que mucha gente piensa y aunque por todas partes se diga, este documento no impide su utilización”, afirmó en su representación, el coordinador del Área de Derechos Indígenas de la Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca (Unosjo), Aldo González Rojas.
El activista sostuvo que el documento no es un decreto presidencial, sino más bien un memorándum interno porque no contiene una decisión, resolución o disposición.
Expuso que el documento abre un amplio espacio de discrecionalidad y de ambigüedad, pues contempla algunas acciones de funcionarios de las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y de Salubridad y Asistencia (SSA), así como del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), para hacer o dejar de hacer, pedir apoyos y proceder de conformidad con la normatividad aplicable y en el ámbito de sus competencias.
“Estamos ante un documento que propone una gradualidad que implícitamente se reconoce sin sustento ni bases legales al afirmar que se promoverán las reformas legales de los ordenamientos jurídicos aplicables, a más tardar en el primer semestre del 2023”, anotó.
Deficiencias del decreto
Explicó que varios abogados han emitido la opinión sobre este decreto por tener fundamentos jurídicos muy endebles y por su proporcionalidad jurídica desventajosa en relación con las normativas aplicables, como las leyes de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados, de Producción, Certificación y Comercio de Semillas, de Fomento y Protección del Maíz, de Variedades Vegetales, más los tratados de libre comercio.
“Son tan endebles sus fundamentos jurídicos que ni siquiera se esclarece a qué sujetos se dirige y pese a que las comunidades campesinas u originarias serían las verdaderas afectadas o beneficiadas, prácticamente no se les menciona ni se les considera interlocutoras”, añadió.
Subrayó que en el documento emana la enorme confusión de asumir la defensa de la agricultura, de la alimentación, del maíz y de la autosuficiencia alimentaria.
“Todo esto nos preocupa seriamente, porque el glifosato y el maíz genéticamente modificado no pueden subsumir la integralidad de una lucha que va desde la defensa territorial, pasa por la defensa de las semillas nativas, defiende la salud del entorno y busca lograr una soberanía alimentaria como corazón de una autonomía urgente”, apuntó.
Apuntó que si realmente se quiere prohibir el uso del maíz genéticamente modificado y el glifosato, la norma debe ser clara, breve y explícita prohibiendo su utilización.
