Sin que hasta el momento se haya llevado a cabo la clausura de algún negocio o establecimiento, o que haya caído sobre alguno de estos una multa, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en Oaxaca mantiene su cercana vigilancia sobre la llamada ‘Ley Antichatarra’, aprobada el año pasado y en vigor desde septiembre.
De acuerdo con María de Lourdes Santiago Cruz, delegada de la procuraduría en la entidad, el organismo a su cargo no está facultado para ejecutar algún tipo de medida o sanción que implique un castigo para aquellos comercios que quebranten la ley.
“No hay una legislación que nos permita retirar del mercado, así como tal, la comida chatarra. Lo que supervisamos y verificamos es el cumplimiento de la norma 051 del nuevo etiquetado y sí hemos inmovilizado algún producto”, comentó respecto a los trabajos de la Profeco en torno a la legislación, que generó polémica el año pasado en el gremio comerciante.
Cabe señalar que fue en agosto del año pasado cuando se aprobó en el Congreso del Estado de Oaxaca la adición del Artículo 20 Bis a la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, popularmente conocida como ‘Ley Antichatarra’, a través de queda prohibida la venta y suministro de comida chatarra y bebidas azucaradas a menores de edad.
Un mes después, el 7 se septiembre de 2020, por fin fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, con lo que su entrada en vigor se convirtió en una realidad. Sin embargo, desde entonces diferentes voces se han manifestado tanto a favor como en contra, lo que no ha permitido medir realmente el desempeño de esta legislación.
Incluso, desde la propia Profeco la delegada puntualizó que uno de los elementos más cercanos a la ‘ley antichatarra’ sobre el que el organismo se enfoca más, es el etiquetado de los productos.
“Tengo solamente dos procedimientos iniciados pero son por norma de etiquetado de las nuevas disposiciones. Y no hay multas porque las multas se desahogan dentro del proceso administrativo, al final, que haya una resolución y esto tarda por lo menos unos tres meses, un poco menos, un poco más”, comentó.
Finalmente, Santiago Cruz argumentó que la procuraduría no cuenta con la facultad para ejecutar cierres o clausuras de establecimientos por incumplimiento de esta ley, sin embargo han llevado a cabo otras medidas.
“De clausurar, como tal no tenemos esa facultad a menos que sea en segunda visita de verificación pero sí hemos suspendido, tengo por lo menos dos. Recuerdo en este momento dos inicios de procedimiento en minisupers oaxaqueños por comercialización de productos que no cumplen la norma”, concluyó.
