Un total de 19 quejas relacionadas con espacios de trabajo y riesgo de contagio a COVID-19, han sido interpuestas ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO).
Algunas de éstas tienen que ver con licencias negadas a población de riesgo quienes solicitaron ausentarse de sus empleos o laborar a distancia, otras por haber sido obligados a trabajar en acciones que los colocaba en riesgo y distintas a sus responsabilidades cotidianas, así como por despidos tras haber dado positivo a COVID-19.
Según información de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca las instancias denunciadas fueron el IMSS con 5 quejas, el ISSSTE con 3, la Fiscalía General del Estado con 2, la Secretaría de Salud de Oaxaca con 5, la Secretaría de Seguridad Pública con 2, el Instituto Catastral de Oaxaca con 1 y el Municipio de Santa Lucía del Camino con 1.
En el caso del ISSSTE, las tres quejas estuvieron relacionadas con la negativa a otorgar resguardos domiciliarios a población de riesgo por enfermedad y otra por ser madre.
En el caso de la Fiscalía General del Estado las quejas también fueron por la negativa a otorgar resguardo domiciliario a personas vulnerables, una por ser adulta mayor y otra por ser persona con discapacidad.
Respecto de la Secretaría de Salud la mayoría estuvo relacionada por la falta de insumos para la atención a pacientes con COVID-19.
A su vez, la de la agencia de Santa Lucía del Camino fue porque en plena contingencia las autoridades municipales implementaron un programa para la venta de productos de la canasta básica obligando a los trabajadores a realizar trabajos que no les correspondían sin la protección adecuada ante el riesgo de contraer COVID-19.
Respecto de la Policía Estatal fue por cambio de adscripción de una persona que presentó síntomas de COVID-19, así como otra que solicitó permiso para cuidar a su esposo que dio positivo a COVID-19.
Finalmente, en lo que respecta al Instituto Catastral de Oaxaca fue de una persona que dio positivo a COVID-19.
