El reporte del tercer trimestre de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) muestra que de los 55 mil oaxaqueños que se encuentran sin empleo, el 48 por ciento tienen entre 20 y 29 años de edad.
De acuerdo con la Alianza Jóvenes con Trabajo Digno, 7 de cada 10 personas que perdieron sus empleos formales por la crisis sanitaria por la COVID-19 eran jóvenes, quienes afirmaron que antes de la epidemia la situación era complicada para este grupo de población, que con la pandemia la brecha se hizo más grande.
La encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) muestra que de los 55 mil oaxaqueños que se encuentran sin empleo, el 53 por ciento son mujeres, mientras el 47 por ciento son hombres, además de que en su mayoría, tienen educación superior.
Detalla que el 27 por ciento cuenta con educación superior, mientras que el 26 por ciento tiene nivel medio superior y otro 26 por ciento cuenta únicamente con la secundaria.
Asimismo, el Informe Laboral de diciembre de la Secretaría de Trabajo y Previsión social, como parte del programa Servicio Nacional de Empleo señala que atendió a 105 mil oaxaqueños quienes están en busca de un empleo; no obstante, sólo consiguieron colocar en algún empleo a un 8 por ciento.
Ingreso insuficiente en jóvenes
Aunque el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro ha ayudado a incluir a este grupo en la economía, los expertos señalan que no es suficiente, ya que al año se deben crear al menos un millón 200 mil empleos.
Derivado de la pandemia por la COVID-19, la tasa de desempleo se elevó a nivel nacional a 34 por ciento durante abril, para los jóvenes fue de 41 por ciento, mientras que para los que están dentro de los 30 a 64 años fue de 28 por ciento, esto de acuerdo con la Alianza de Jóvenes con Trabajo Digno.
El Observatorio de Trabajo Digno de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza señala que antes del golpe económico a consecuencia de la pandemia por la COVID-19, 9.4 millones de jóvenes ocupados, que representa el 67 por ciento carecían de ingreso suficiente para cubrir el costo de la canasta básica de una familia de dos personas.
Mientras que otros 9 millones, es decir el 61 por ciento, carecían de afiliación a la seguridad social por su trabajo, y 7.5 millones, el 63 por ciento, con empleo asalariado, no contaba con contrato estable, entre otras situaciones de precariedad.
