Los diputados perredistas Carol Antonio Altamirano y Eva Diego Cruz propusieron al Congreso expedir una nueva Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Oaxaca, en las que se sancionen administrativa y penalmente conductas como el conflicto de interés, el tráfico de influencias, la contratación indebida y la desviación de recursos públicos.
Manifestaron que es necesario dar sustento a una nueva cultura de la transparencia, legalidad y rendición de cuentas.
Expresaron que esta ley prevé faltas de servidores públicos y de particulares que afecten la función y la hacienda pública, y en su parte adjetiva los procedimientos de responsabilidades ajustados al debido proceso, respeto a los derechos humanos y al principio general de derecho de la presunción de inocencia.
“En su texto se prevén faltas administrativas graves y no graves, con sanciones graduales acordes a ellas y se hace obligatorio el actuar de las autoridades en el combate a la corrupción y de no actuar las autoridades serán sancionadas, ya no se permite la omisión”.
Añadieron que ahora se sancionan conductas tales como la desviación de recursos públicos, utilización indebida de información, actuación bajo conflicto de intereses, contratación indebida, enriquecimiento mutuo y tráfico de influencias.
Subrayaron que la nueva ley establece que las sanciones e indemnizaciones impuestas tendrán carácter de créditos fiscales, por lo que serán notificadas a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado o las tesorerías municipales para que procedan al cobro de las mismas, mediante la aplicación del procedimiento económico proactivo.
Reconfiguración legal
La bancada del PRD que, dice, va por mayor transparencia.
“Cabe mencionar que se propone con esta iniciativa abrogar toda la ley anterior, pero será necesario que, con relación a las reglas del juicio político, la declaración de procedencia penal, así como la indemnización o reparación de daños a cargo de los servidores públicos, se deberán generar en nuevas leyes específicas, porque se trata de responsabilidades de tipo político y económico previendo los ordenamientos de los nuevos sistemas nacional y estatal de combate a la corrupción”.
Por su parte, el diputado por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Javier Velásquez Guzmán, presentó una iniciativa de reforma al código penal del estado, a fin de ampliar la tipificación del delito de peculado.
CONDUCTAS QUE PODRÍAN SER SANCIONADAS
Desvío de recursos públicos
Utilización indebida de información
Actuación bajo conflicto de intereses
Contratación indebida
Enriquecimiento mutuo
Tráfico de influencias
Dijo que es necesario considerar en la tipificación la utilización de recursos públicos con el objeto de promover la imagen política o social de una persona, la su superior jerárquico o la de un tercero.
Así como la utilización de los fondos públicos para denigrar a cualquier persona o bien, la persona que sin tener el carácter de servidor público y estando obligada legalmente a la custodia, administración o aplicación de recursos públicos estatales o municipales, los distraiga de su objeto para usos propios o ajenos para aplicación distinta a lo que se destinó.
Destacó que resulta importante tipificar dichas conductas que son realizadas por los servidores públicos y van en detrimento del estado oaxaqueño, pero además que las mismas sean sancionadas no nada más con la pena privativa de la libertad, sino también, en su caso, con la suspensión o inhabilitación para ejercer cualquier otro cargo público.
