CIUDAD DE MÉXICO.- Acusado de haberse adueñado de millones de dólares de recursos públicos, el expresidente salvadoreño Elías Antonio Saca cumple prisión provisional desde inicios de este mes.
El exmandatario, quien gobernó el país centroamericano entre 2004 y 2009, está en el epicentro del llamado Caso Saca, en el que también están implicados su asesor Elmer Charlaix; sus secretarios de Comunicaciones y de Juventud, Julio Rank y César Funes, respectivamente, así como tres empleados administrativos.
Todos ellos fueron encarcelados y les fueron embargados los bienes muebles e inmuebles, además de ver congeladas sus cuentas bancarias.
Así operaban
Según el fiscal general, Douglas Meléndez, los procesados operaban una estructura al interior de la presidencia que desvió 246 millones de dólares del presupuesto estatal a 14 cuentas personales de Charlaix, Rodríguez y Gómez, de las que posteriormente retiraron 116 millones de dólares en efectivo.
Seis millones habrían sido lavados, de acuerdo con el diario local La Prensa Gráfica, mientras que 13 mil 300 dólares fueron usados para saldar deudas de la esposa del expresidente.
Además, empresas de comunicación de las que Saca era dueño pasaron de tener ingresos de 114 mil dólares antes de 2004 a 7 millones de dólares anuales durante la gestión del salvadoreño.
Hasta 12 años de condena
De ser enviados a un juicio y declarados culpables, los acusados podrían enfrentar condenas carcelarias de hasta 12 años por peculado, 18 por agrupación ilícita y 15 por lavado de dinero.
Saca es el tercer expresidente salvadoreño en ser procesado judicialmente en los últimos tres años, después de Francisco Flores (1999-2004) y Mauricio Funes (2009-2014).
Flores murió el 31 enero de este año sin ser condenado por desvío de recursos, mientras que Funes, acusado de enriquecimiento ilícito, huyó en septiembre a Nicaragua, donde el Gobierno de Daniel Ortega le dio asilo político.
Saca ya había sido investigado por un incremento patrimonial sin justificar de más de 4 millones de dólares, razón por la cual la Corte Suprema de Justicia votó a favor de iniciar un juicio civil en su contra, en febrero pasado.
