Por Redacción NOTICIAS
A unas horas de la entrada en vigor de la Ley de Ingresos 2026, el Gobierno de México dejó sin efecto el impuesto del 8 por ciento que gravaría la venta y distribución de videojuegos con contenido violento o dirigido a adultos, tras la publicación de un decreto presidencial que otorga un estímulo fiscal del 100 por ciento sobre dicho gravamen.
El decreto, firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y difundido este 31 de diciembre en el Diario Oficial de la Federación, establece que las empresas y personas que comercialicen videojuegos en formato físico o digital con clasificación para mayores de 18 años quedarán exentas del pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), incluido recientemente en la legislación fiscal.
La medida responde a la complejidad operativa del impuesto y a su bajo impacto recaudatorio, factores que ya habían sido reconocidos por la titular del Ejecutivo federal en días previos. Ante la falta de tiempo para modificar la ley en el Congreso, el Ejecutivo optó por aplicar un estímulo fiscal que neutraliza el cobro a partir del 1 de enero de 2026.
El beneficio aplica tanto a distribuidores nacionales como a empresas extranjeras sin establecimiento en México que ofrezcan el acceso o descarga de este tipo de videojuegos mediante plataformas digitales, siempre que no trasladen el costo del impuesto al consumidor final.
El decreto también libera a los contribuyentes beneficiados de cumplir con determinadas obligaciones fiscales relacionadas exclusivamente con este impuesto, lo que evita sanciones como el bloqueo temporal de servicios digitales por incumplimientos administrativos.
No obstante, el documento aclara que el estímulo no genera derecho a devolución ni compensación alguna y que únicamente será válido mientras el impuesto no se cobre al usuario. El monto del estímulo será acreditable contra el IEPS correspondiente a estas actividades.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) será el encargado de emitir las disposiciones necesarias para la correcta aplicación del decreto, el cual entra en vigor este 1 de enero de 2026.
