La Secretaría de Desarrollo Social, entonces encabezada por Rosario Robles, tenía en 2013 un presupuesto de 555 millones de pesos para repartir 500 mil paquetes de alimentos, camisetas, gorras y para difundir la Cruzada Nacional contra el Hambre, estrategia recién creada por el gobierno para combatir la pobreza extrema.
Los apoyos debían llegar a las familias con pobreza alimentaria que, desde abril de 2013, se unirían a la Cruzada y cuyos hogares están en las zonas marginadas de 11 estados, entre ellos Campeche, Guerrero, Yucatán y Chiapas.
Sin embargo, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) confirmó que solo se entregó el 7% de las despensas que supuestamente se habían comprado. Tampoco hay constancia de que los programas y beneficios restantes hayan llegado a los más pobres.
Únicamente hay pruebas de que la Sedesol pagó por los servicios.
Este desvío se concretó gracias a la firma de convenios entre esta secretaría y las universidades autónomas de Morelos y Estado de México, que sirvieron de intermediarias.
En la Cuenta Pública de 2013 y 2014 se reportaron diez convenios con esas dos universidades por un monto de 2 mil 224 millones, que debían destinarse a ampliar la cobertura de programas sociales, mejores servicios en las zonas más rezagadas del país o combatir la pobreza.
Las universidades, que no dieron ningún servicio y únicamente se prestaron para la operación, “solo” se quedaron con una comisión de 215 millones 446 mil pesos.
Pero el resto del dinero, poco más de dos mil millones de pesos, se lo entregaron a 20 empresas, 19 de ellas con un ramillete de irregularidades por las que deberían estar inhabilitadas para recibir contratos públicos, según lo que marca la ley.
Durante varios meses, Animal Político y MCCI se dieron a la tarea de visitar las oficinas de esas empresas en seis estados, buscaron a los socios en las direcciones registradas y recabaron información oficial del SAT y la Secretaría de Economía.
La investigación arrojó que los recursos se entregaron a tres empresas fantasma, catalogadas así por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en 2015; a otras tres que están bajo investigación del mismo SAT por presuntas operaciones irregulares; a seis que no cumplen con un requisito indispensable para operar —el registro ante la Secretaría de Economía—; a una cuya oficina fue desmantelada apenas se recibió el dinero; a otra que no fue localizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) —que reportó como domicilio para sus operaciones uno que no corresponde a su sede—; a una que tiene una oficina virtual de la que no existe registro de que pueda realizar servicios; a otra que es un despacho contable sin personal o infraestructura, y a tres más que tienen un objeto social que es completamente distinto al servicio que debían dar.
Solo una es legal
La Sedesol, sin embargo, se declaró “satisfecha” con los servicios recibidos a cambio de 2 mil 224 millones de pesos y no consideró irregular el sobreprecio que implicó el cobro de más de 220 millones por parte de las universidades a cambio de nada.
ESGER: El sospechoso mayor
Si bien en este proceso participaron 20 empresas, hay una que destaca: ESGER Servicios y Construcciones S.A. de C.V., que solo cuenta con un pequeño despacho contable ubicado en la Ciudad de México, y que recibió los recursos destinados a combatir el hambre sin firmar un solo contrato o realizar algún servicio.
ESGER fue creada en 2011 para ofrecer servicios de construcción, según el acta constitutiva con folio 438926-1. Sus oficinas están en un edificio oscuro de la colonia Nápoles, en la Ciudad de México, cuya entrada es fácil de franquear, porque no hay recepcionista ni señal de que sea la sede de una empresa con contratos millonarios.
De acuerdo con la declaración de impuestos que la empresa realizó ante el SAT en 2013, de la que Animal Político y MCCI tienen copia, ESGER solo declaró ese año ingresos por 408 millones de pesos y reportó gastos por 407 millones de pesos. Pero “olvidó” declarar el dinero que recibió de la Sedesol: 698 millones.
El mecanismo que involucra a ESGER es enredado: el primer paso fue la firma de tres convenios entre Sedesol y las universidades autónomas de Morelos y del Estado de México por mil 385 millones de pesos, en 2013. El objetivo de estos convenios era “sensibilizar” a las comunidades sobre la alimentación sana, instalar ventanillas de atención para jornaleros, distribuir material en zonas marginadas y “eficientar la operación a través de la automatización de procesos”.
Las universidades se quedaron con 102 millones 745 mil pesos de comisión y se desentendieron de los convenios. Subcontrataron a 11 empresas para supuestamente dar los servicios.
