Por Redacción NOTICIAS
Ciudad de México.- La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de permitir que el gobierno capitalino cobre a las aplicaciones de entrega de comida y paquetería un 2 por ciento de sus comisiones generó preocupación entre empresas tecnológicas agrupadas en Alianza In, que consideran que esta medida afectará negativamente al ecosistema digital del que dependen miles de personas.
La Corte avaló este jueves que plataformas como Uber Eats, Didi Food o similares paguen dicho porcentaje bajo el concepto de “aprovechamiento” por el uso de la infraestructura de la ciudad, luego de revertir un amparo otorgado previamente a Uber. Con ello, queda firme la facultad del gobierno de la Ciudad de México para aplicar el cobro.
Alianza In advirtió que el nuevo cargo podría frenar el desarrollo del sector digital al imponer una carga fiscal diferenciada frente a otros servicios similares. La asociación sostuvo que la resolución también podría poner en entredicho compromisos comerciales asumidos por México, especialmente los derivados del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
La organización subrayó que los efectos no se limitarán a las empresas tecnológicas: impactarán directamente a repartidores, a pequeños y medianos comercios que operan a través de estas plataformas y a millones de usuarios que recurren diariamente a estos servicios. Añadió que la economía digital ha contribuido al crecimiento, la innovación y la inclusión, y que medidas de este tipo representan un freno a dicho avance.
Asimismo, la asociación alertó que la decisión podría replicarse en otras entidades del país y que, de aplicarse de manera estricta, el criterio podría extenderse a numerosos sectores que también utilizan infraestructura urbana para generar ingresos. A su juicio, se trata de un cobro desproporcionado e injusto.
Finalmente, recordó que en junio la SCJN había resuelto en sentido contrario en un caso relacionado con el mismo artículo del Código Fiscal capitalino. Tener dos fallos contradictorios, advirtió, abre la puerta a mayor incertidumbre legal para las empresas del sector.
