Ante el Pleno de la Cámara de Diputados fue presentada una iniciativa para expedir la Ley General de Implementación y Respeto de los Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, con el objetivo de fortalecer el marco jurídico que garantice el ejercicio pleno de sus derechos. La propuesta busca materializar lo establecido en la reciente reforma al artículo 2 de la Constitución, que reconoce a los pueblos originarios y afromexicanos como sujetos de derecho público, es decir, con capacidad de decisión y participación directa en asuntos que impacten su vida comunitaria.
El proyecto plantea mecanismos obligatorios para asegurar la libre determinación y autonomía, así como la consulta previa, libre e informada, el consentimiento previo y la protección del patrimonio cultural, lingüístico, territorial y comunitario. La iniciativa destaca que no basta con el reconocimiento simbólico, sino que se requiere traducir estos derechos en políticas públicas reales, asignación de presupuesto y acceso efectivo a la justicia, como parte de una medida histórica para reducir desigualdades y atender una deuda social con comunidades que han enfrentado exclusión durante generaciones.
