Por Gerardo Gutiérrez Candiani
La revisión del TMEC inicia hasta julio próximo, pero arrancó de facto y unilateralmente desde la inauguración de la segunda presidencia de Donald Trump. Con las reclamaciones expuestas en el proceso de consulta en Estados Unidos, hay claridad de los puntos medulares sobre la mesa que exigirán decisiones estratégicas de nuestro país.
Desde el 1 de febrero, cuando se emitió un primer decreto de aranceles de 25% a las importaciones procedentes de México y Canadá, fue evidente que, más que ante la revisión programada, estaríamos ante una renegociación. Y no fácil: desde una posición de contención frente a una contraparte para la cual los términos del tratado no necesariamente son referencia.
Constitucionalmente, es el Congreso quien tiene la decisión final en aranceles y tratados comerciales en Estados Unidos. Una renegociación requeriría su autorización y la delegación de poderes al Ejecutivo con objetivos específicos. Pero eso es en teoría, dado el momento sui géneris de la política en ese país.
Ahora mismo la Corte Suprema revisa los decretos de “aranceles de emergencia”. Su decisión podría incluso generar un enorme problema de reembolsos. Se habla de 1 billón de dólares. Aun si falla en contra del Ejecutivo, expertos han advertido que éste puede recurrir a estratagemas para seguir con su política.
Tendría limitaciones, pero casi se da por descontado que usará cualquier resquicio legal o de fuerza para mantener el instrumento de poder de imponer aranceles como para, si así lo quiere, rehacer al TMEC. No por nada ha hablado de la opción de ir por acuerdos bilaterales.
Más que en la Corte o en el Congreso, donde tenemos el respaldo de legisladores de estados con fuertes vínculos comerciales con México, el contrapeso más importante está en el sector privado, donde también contamos con importantes aliados.
Muchas cosas han ocurrido desde la primera tanda de aranceles. Trump acaba de firmar una orden para revertir algunos, y el costo de vida sigue preocupando a los estadounidenses. El costo político de cara a las elecciones federales de 2026 puede ser mayúsculo.
Pero no podemos depender de la suerte.
La Secretaría de Economía ha manejado bien el caos arancelario que afecta a todo el planeta. Se han contenido las peores consecuencias, manteniendo a México con mejores términos respecto a prácticamente el resto del mundo. Con el nuevo liderazgo que viene en el CCE seguramente habrá un “cuarto de junto” efectivo y que refleje la visión e intereses de la iniciativa privada.
Pero viene lo más difícil y decisivo: la prueba del ácido.
Eso también se tiene claro, como se desprende de la estrategia trazada por el Secretario Marcelo Ebrard: que no se trata de una revisión en condiciones normales, sino ante un cambio de paradigma con enormes implicaciones para nuestra economía: a “otro sistema en donde para acceder al mercado más grande del mundo se fija el costo de ingreso”.
Atinadamente, ha señalado una “brújula para la negociación” con tres objetivos primordiales: “La mejor posición relativa, mantener la inversión extranjera, si se puede subirla, y mantener en todo momento nuestra capacidad de exportación”.
Para todo ello, creo, hay que tener muy presente lo manifestado en los comentarios de empresas, cámaras y asociaciones entregados a la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR): son reclamos y, a la vez, cartas de presión para el equipo de revisión estadounidense.
Por su relevancia y síntesis de lo que piden distintos sectores, debemos ver con lupa lo expuesto por Business Roundtable, agrupación de más de 200 CEOs de compañías que representan 25% del PIB de Estados Unidos.
En la parte positiva, postula que “los aranceles sobre bienes que cumplen con el T-MEC son contraproducentes para los intereses económicos y de seguridad nacional”. Insta a “restaurar el comercio preferencial entre las Partes”, con exención de tarifas salvo lo contemplado explícitamente en el tratado.
Sin embargo, solicita protección frente a “una judicatura politizada”, por las reformas judiciales, y ante los cambios en organismos regulatorios. Además, advierte de políticas discriminatorias contra empresas extranjeras en sectores como energía, telecomunicaciones, aviación y paquetería.
Sin matices, expresa “serias preocupaciones sobre acciones del Gobierno mexicano que ponen en peligro las inversiones de empresas estadounidenses, contradicen las obligaciones del T-MEC y obstaculizan el comercio”.
En concreto: “que las disputas entre inversionistas privados y el Gobierno se vean sujetas a consideraciones políticas en lugar del Estado de Derecho”. Por eso están sugiriendo que se restaure el Mecanismo de Solución de Disputas Inversionista-Estado.
En energía, critican que se favorezca a Pemex y a la CFE. En telecomunicaciones, problemas de competencia. En aviación, que se protege a la aerolínea estatal y se limita el transporte de carga en el Aeropuerto de la Ciudad de México, pidiendo que se restablezcan slots y el acceso a carga.
Reclama que el Centro Nacional de Control de Energía ahora debe priorizar la electricidad de la CFE y que los usuarios de gas natural tienen que dar preferencia a las paraestatales. En cuanto a telecomunicaciones, acusan que “la politización ya es evidente”, y que la eliminación del IFT independiente y la creación de una súper agencia darán lugar a monopolios estatales subsidiados.
Business Roundtable acusa también la imposición de precios de referencia artificiales para ciertos productos, así como frecuentes y poco transparentes cambios en el sistema de adquisiciones públicas, solicitando procesos de contratación claros y no discriminatorios.
Las peticiones de la US Chamber of Commerce, que representa a más de 3 millones de empresas, son similares, y además, reclama “prácticas del SAT que carecen de transparencia y debido proceso”: acciones “agresivas e inconsistentes” como auditorías excesivas, denegación de deducciones por pagos entre empresas y sanciones retroactivas.
En síntesis, quieren el TMEC, pero con protecciones y garantías frente a reformas y políticas impulsadas en el sexenio pasado. El abordaje de este dilema con pragmatismo es lo fundamental.
