La Secretaría de la Función Pública (SFP) detectó irregularidades por más de 88 millones de pesos en la evolución patrimonial de seis servidores públicos.
En un comunicado, la dependencia federal indicó que cinco funcionarios son de Pemex Refinación y uno del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Al realizar la verificación de la evolución patrimonial de los servidores, la SFP resolvió expedientes en los que se hallaron patrimonios incongruentes.
La SFP detectó que los empleados de Pemex Refinación contabilizaron patrimonios por 3 millones 711 mil 287 pesos, 4 millones 378 mil 508, 4 millones 732 mil 407, 10 millones 462 mil 232 y 61 millones 066 mil 109 pesos.
En tanto, un trabajador del IMSS declaró un patrimonio de 3 millones 895 mil 183 pesos.
Esas seis cantidades dan un total de 88 millones 245 mil 276 pesos, indicó la SFP.
Los funcionarios de la Administración Pública Federal no aclararon el origen lícito de las cantidades señaladas en relación con las percepciones salariales por su cargo.
Por ello, la SFP presentó las denuncias correspondientes ante las autoridades ministeriales competentes, con el propósito de que se investigue si el incremento patrimonial detectado constituye una conducta delictiva.
Defensoría de funcionarios
La SFP creó una unidad de defensoría de los funcionarios que sean investigados por faltas administrativas menores, informó ayer el subsecretario de la Función Pública, Eber Betanzos.
El funcionario señaló en entrevista que esta nueva área legal, que contará con 34 litigantes en una primera etapa, se creó a partir de un mandato legal establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
"Esta es una aérea nueva, que se crea la iniciativa de la señora Secretaria (Arely Gómez), y lo que busca es garantizar el derecho de acceso a la justicia para servidores públicos que nunca habíamos tenido ese derecho", indicó.
Con esta medida, será la propia SFP la que al mismo tiempo que investigue a los funcionarios se encargue de su defensa, pues los Órganos Internos de Control, que son los responsables de integrar los procedimientos de responsabilidad administrativa, dependen orgánicamente de la propia Secretaría.
Pese a lo anterior, Betanzos consideró que la dependencia federal no será juez y parte, pues el cuerpo de defensoría legal estará completamente separado de las demás áreas.
