Agencia Reforma
CIUDAD DE MÉXICO.- La Suprema Corte de Justicia confirmó la orden de un juez federal que, desde 2013, prohíbe al gobierno expedir permisos comerciales para maíz transgénico.
Por unanimidad, la Primera Sala de la Corte negó un amparo promovido por las empresas Monsanto, Syngenta Agro, Dow AgroSciences y PHI México, filial de Dupont, que durante años han litigado sin éxito para tratar de revertir la "medida cautelar" dictada en julio de 2013 por el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil.
La Corte confirmó la versión de esta medida que, con algunas modificaciones, fue dictada el 8 de marzo de 2016 por el Segundo Tribunal Unitario en Materia Civil.
La medida cautelar deriva de una acción colectiva iniciada por grupos ambientalistas, que buscan que el Poder Judicial declare que la liberación de maíz genéticamente modificado daña el medio ambiente, pese a que está permitida por la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM).
Hasta ahora, el juzgado no ha dictado sentencia de fondo en la acción colectiva, por lo que, para fines prácticos, la medida cautelar se ha convertido en una política pública, por encima de lo previsto en la ley.
Lo único que está autorizado en la medida cautelar que confirmó la Corte es que el gobierno emita permisos en fases experimentales o de proyectos piloto, sujetos a múltiples medidas de contención, más no permisos para fines comerciales.
Pero si bien esos permisos eran posibles en el sexenio pasado, la actual administración los ha proscrito por completo, en un Decreto Presidencial publicado el 31 de diciembre de 2020.
En ese documento, el Ejecutivo Federal ordenó "revocar y negar" todos los permisos parasmaíz transgénico, así como iniciar la eliminación gradual del uso del herbicida glifosato, el más usado en el sector agrícola. Las semillas de maíz creadas por las empresas quejosas ante la Corte son resistentes al glifosato.
Cabe mencionar que Monsanto, el Consejo Nacional Agropecuario (CNA), así como empresas y productores agrícolas, litigan amparos contra el Decreto de diciembre de 2020, mismos que eventualmente serían revisados por la Corte.
