Desde el periodo 2012-2013 que se emitió el primer informe de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública se han ubicado entre las cinco autoridades con mayor cantidad de quejas ciudadanas por vulnerar los derechos fundamentales de los oaxaqueños; 2017 no fue la excepción.
Las dependencias estatales que tienen como obligaciones, y no como facultades, la seguridad ciudadana y la procuración de justicia, son las que más violentan los derechos humanos.
Sin certeza jurídica
En los datos más recientes, la defensoría reportó que tan sólo en el año que recién culminó 453 oaxaqueños acudieron a presentar una queja en contra de la Fiscalía General del Estado por violaciones relacionadas a la seguridad jurídica, entendiendo la misma como la garantía dada al individuo de que sus derechos no serán violentados o que, si esto llegará a producirse, será protegido y auxiliado para que le asista la justicia; la Suprema Corte de Justicia de la Nación fundamenta este principio en el artículo 16 constitucional señalando que son los elementos mínimos para hacer valer el derecho del gobernado y para que, sobre este aspecto, la autoridad no incurra en arbitrariedades.
Seguridad en riesgo
La Secretaría de Seguridad Pública cerró el 2017 con 242 quejas de violaciones a derechos humanos de los ciudadanos, afirma la Defensoría. Esta dependencía, que tiene la labor de preservar la libertad, el orden y la paz públicos, así como salvaguardar la integridad y derechos de las personas a través de la prevención en la comisión de delitos, fue motivo de dos recomendaciones de parte del organismo defensor.
Seis policías fueron requeridos por la DDHPO para otorgar una disculpa pública a los quejosos, a quienes violentaron sus derechos de integridad personal por cometer contra ellos actos de tortura, uso desproporcionado de la fuerza y abuso de autoridad.
DDHH en manos de servidores y funcionarios
El consejero ciudadano del organismo defensor, Bernardo Rodriguez Alamilla, afirmó que una de las obligaciones de cualquier estado que se presuma democrático es la de asumir el cumplimiento de sus obligaciones de protección y garantía de los derechos humanos en su relación con la seguridad ciudadana.
Por ello, resalta, es fundamental que los servidores y funcionarios reconozcan el papel que desempeñan en la protección del derecho a la vida, a la libertad y la seguridad de las personas a partir de sus calificaciones, capacitación, conducta y necesidades personales.
Señala que con un nuevo modelo de relación entre las instituciones y los ciudadanos, cuidadoso de los derechos humanos, se logrará restaurar el respeto y la confianza en ellas, y sólo en ese momento “podremos ir vislumbrando un verdadero horizonte de paz en nuestras sociedades”.
