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A un año de la despenalización, mujeres son criminalizadas por aborto en Oaxaca

Foto(s): Cortesía
Citlalli López Velázquez

A casi un año de la despenalización del aborto, hasta antes de la semana 12 de gestación, un mayor número de mujeres han sido criminalizadas que aquellas que han tenido acceso a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE).


Mientras que en cifras de la Secretaría de Salud de Oaxaca (SSO), de octubre de 2019 al 30 de junio de 2020, se contabilizaron siete mujeres con acceso a la ILE, en tanto, cifras de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), detallan que en el mismo lapso nueve mujeres enfrentaron procesos por aborto.


Por mes, en noviembre se registraron tres delitos de aborto y en diciembre dos. Para el 2020, en enero y febrero se registraron 1, respectivamente y en junio dos más.


José Ramón Pintor Sill, jefe de la Unidad de Medicina Preventiva de la Dirección de Prevención y Promoción de la Salud de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), detalló que durante ese periodo otras cuatro mujeres más recurrieron a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), categorizada así por estar fuera de las 12 semanas de gestación, pero realizado por alguna de las cuatro causales vigentes en el Código Penal de Oaxaca.


Fue el 24 de octubre del año pasado cuando en la entidad quedó publicada la reforma en el Periódico Oficial del Estado con lo cual la despenalización entró en vigor.


Pintor Sill indicó que para garantizar este derecho sexual y reproductivo de las mujeres, han enfrentado “retos” que siguen subsanando. “Tenemos retos que cumplir. Hay que hacer campañas de difusión, involucrar a otras unidades médicas para que apoyen esta interrupción legal del embarazo y tener en el interior del estado la posibilidad de atender a las mujeres que así lo estén requiriendo”, expuso.


Hasta este momento, sólo el Hospital Civil Doctor Aurelio Valdivieso realiza estas intervenciones en donde las mujeres no requieren cubrir una de las causales establecidas en el Código Penal.


Pintor Sill agregó que ya se tienen identificados los Centros de Salud con Servicios Ampliados (CESSA) dentro de la capital para sumarse a la red de lugares que cubran la demanda de las mujeres que así lo requieran y atendiendo a los dos métodos establecidos por el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva que son sólo a base de medicamentos.


Por otro lado -agregó- están en la selección del personal que no sea objetor de conciencia. Si bien -expuso- hay personal objetor, éstos no podrán poner barreras para que los procedimientos se realicen.


El acceso a la Interrupción legal del Embarazo (ILE) sigue siendo un derecho inaccesible para las mujeres. Tan sólo la semana pasada a una joven le fue negado el servicio.

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