Por Redacción NOTICIAS
La fiscal del condado de Hennepin, en Minesota, Mary Moriarty, solicitó este viernes a la ciudadanía que haga llegar a su oficina cualquier video, fotografía o material que pueda servir como evidencia sobre el tiroteo en el que murió Renee Good, ocurrido el miércoles en Mineápolis. La petición se da a pesar de que el gobierno de Donald Trump determinó que la investigación quede exclusivamente en manos del Buró Federal de Investigaciones (FBI).
Moriarty expresó su inquietud ante la decisión de excluir a las autoridades estatales y locales del proceso, ya que, dijo, existe el riesgo de que la información recabada por el FBI no sea compartida con su oficina. Aunque reconoció que en el pasado ha habido cooperación efectiva entre ambas instancias, subrayó que este caso requiere total transparencia y participación local.
La fiscal admitió que aún no es posible saber qué efectos legales tendrán las pruebas que la ciudadanía haga llegar, pero reiteró que su oficina tiene competencia para investigar lo ocurrido. “Tenemos autoridad para actuar en este caso, independientemente de que el responsable sea un agente federal”, afirmó, al tiempo que rechazó la postura de la administración Trump que sostiene que el agente del ICE involucrado goza de inmunidad absoluta.
Como parte de esta iniciativa, Moriarty anunció que habilitarán un enlace digital para que la población pueda enviar de forma directa cualquier material audiovisual relacionado con el hecho.
Su pronunciamiento ocurrió en un contexto de creciente tensión social. Para este viernes se programaron nuevas manifestaciones en Mineápolis por la muerte de Good, y apenas un día antes, agentes federales de inmigración dispararon e hirieron a dos personas en Portland, Oregón, lo que avivó aún más la indignación pública.
Conflicto por la investigación
Un día antes de la conferencia de Moriarty, la Oficina de Aprehensión Criminal de Minesota informó que tanto el FBI como el Departamento de Justicia de Estados Unidos se negaron a colaborar con las autoridades estatales, lo que en la práctica deja al estado fuera de cualquier indagatoria formal sobre posibles delitos.
Drew Evans, director de dicha oficina, advirtió que sin acceso pleno a evidencias, testigos y documentación, el estado no puede cumplir con los estándares de investigación que exige la ley ni con las expectativas de la sociedad. “No es posible garantizar un proceso serio y completo bajo estas condiciones”, señaló.
Por su parte, el gobernador Tim Walz se sumó a las críticas y exigió que Minesota sea incluida en la investigación. Reiteró que será “muy difícil” para la población aceptar como legítima una indagatoria en la que las autoridades estatales no tengan ningún papel.
La disputa entre el gobierno federal y las autoridades locales ha abierto un debate sobre la transparencia, la rendición de cuentas y la confianza pública en un caso que ya se ha convertido en un nuevo punto de conflicto nacional en torno al actuar de las agencias federales de inmigración.
