La Sala de Justicia Indígena del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) ha reconocido a plenitud la libre determinación y autonomía de los pueblos y comunidades indígenas, para que cesen los múltiples procesos penales en contra de sus autoridades por la aplicación de sus sistemas normativos, afirmó la magistrada presidenta Ana Mireya Santos López, a dos años de la instalación de ese órgano jurisdiccional.
Explicó que la Sala de Justicia Indígena, creada por mandato del Congreso del Estado en diciembre del 2015, responde a una solicitud presentada por los propios pueblos y comunidades indígenas, como resultado de la propuesta para reformar la Constitución Política local, la Ley de los Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas y otras normas.
Sin embargo, explicó que solamente fue aprobada la adición de la fracción quinta del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, para crear la Sala de Justicia Indígena y sus facultades, todas relacionadas con el sistema indígena, tanto en lo particular como en lo colectivo.
En los artículos transitorios de esa reforma –anotó–, el Congreso del Estado estimó relevante que la Sala Indígena fuera integrada por los magistrados del Poder Judicial, que integraban el desaparecido Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca, al tomar en cuenta el trabajo realizado, donde de manera progresiva, aplicando los tratados internacionales y el artículo segundo de la Constitución Política federal relativos a la justicia indígena, es decir, juzgando con perspectiva indígena, se respetaron por primera vez las decisiones tomadas por las instituciones indígenas para la elección de sus autoridades, que posteriormente confirmaron las salas electorales federales.
Destacó que si bien el Congreso del Estado expidió nuevos nombramientos como magistrados de la Sala de Justicia Indígena, para no existir duda de su determinación, el Pleno del TSJE extendió sus atribuciones y asignó también competencia en materia penal, para así juzgar con perspectiva indígena.
Con esto, subrayó, las actuaciones de las autoridades de los pueblos y comunidades indígenas, consideradas como abuso de autoridad en el derecho estatal o positivo, ahora son confirmadas y de esta manera se extingue en algunos casos la acción penal, velando siempre no incurrir en violación de los derechos humanos.
Observó que su experiencia jurisdiccional electoral ha servido para seguir construyendo este camino de coordinación y respeto con las autoridades de los pueblos y comunidades indígenas, con apoyo de las propias autoridades comunitarias, de expertos en el tema, de instituciones del estado y de la sociedad civil, como el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), las secretarías General de Gobierno (Segego) y de Asuntos Indígenas (SAI), así como de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y del Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción (CEPIADET).
Además, resaltó que una gran parte de las jurisprudencias emitidas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tienen como precedente las resoluciones de la Sala de Justicia Indígena.
“Eso nos da satisfacción porque les hemos servido a los pueblos y comunidades indígenas”, remarcó.
De esta manera, mencionó que Oaxaca se ha convertido en un México porque existe un enorme interés de la Judicatura Federal acerca del tema en el sistema acusatorio adversarial penal, especialmente la aplicación del artículo 420 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, sobre la jurisdicción indígena en el tema de los delitos.
Santos López dijo que la Sala de Justicia Indígena ha contribuido a la estabilidad del estado, porque han cesado las manifestaciones y bloqueos de las vías de comunicación por pobladores de agencias municipales y de policía, al resolver los recursos presentados para demandar la asignación de financiamiento a los ayuntamientos, según disposiciones de la leyes de Coordinación Fiscal del Estado y de los Pueblos y Comunidades Indígenas.
Sala indígena
Para tutelar los derechos fundamentales de los pueblos y comunidades indígenas, un estado multicultural, la Sala de Justicia Indígena del TSJE, tiene entre sus atribuciones la de conocer de los asuntos relacionados con las resoluciones las autoridades e inconformidades que se originen de los sistemas normativos internos.
