El Consejo Estatal de Derechos Indígenas de Oaxaca (CEDIO) y Servicios del Pueblo Mixe (Ser) presentaron en el Congreso del estado la iniciativa de reforma en materia del derecho de los pueblos indígenas y afromexicano a la tierra, territorio y bienes naturales.
El consejero regional zapoteco del CEDIO, Mauro Cruz Hernández, informó que la propuesta modifica el artículo 16 y adiciona a los párrafos segundo y tercero del artículo 20 de la Constitución Política estatal, donde se retoma íntegramente la forma de entender y ejecutar su relación con la madre tierra, abarcando la totalidad del hábitat, el espacio de ocupación y asentamiento, incluso el ámbito espiritual y cultural, donde están sus sitios sagrados y espacios de vida.
Explicó que los pueblos indígenas y afromexicano tienen el derecho colectivo de poseer, utilizar, desarrollar y controlar sus tierras, territorios y recursos o bienes naturales, como se encuentra reconocido actualmente, a pesar de haberse reformado el artículo 16 de la Constitución Política local.
“Argumentamos al Congreso del estado que si bien a las comunidades y pueblos se nos reconoce únicamente el derecho al uso y disfrute de estos derechos, al momento de llevarlos a la práctica se nos limitan a través de la exigencia de permisos y concesiones, para poder tener acceso pleno a ellos, como dispone el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales”, asentó.
Precisó que la propuesta plantea el derecho de libre determinación de los pueblos indígenas y afromexicano, como una expresión de la autonomía para determinar libremente su condición política, promoviendo su desarrollo económico, social y cultural.
“El proyecto sustenta la necesaria armonización del marco jurídico estatal, con la Constitución Política federal y los instrumentos internacionales suscritos por México, en materia de derechos de las comunidades y pueblos indígenas y afromexicano, donde el Congreso del Estado tiene el papel fundamental de legislar”, añadió.
Destacó que este planteamiento retoma aportes de la iniciativa de reforma constitucional elaborada en 2001, por la entonces Secretaría de Asuntos Indígenas.
Concluyó que con esta exigencia se busca sentar las bases para corregir de fondo la omisión histórica de excluir a los pueblos indígenas y afromexicano de la organización jurídico-política del país.
