COPENHAGUE, Dinamarca 14-Abr .- El Gobierno de Dinamarca se unió a los países que han expresado preocupación por la situación de los derechos humanos en México.
El Primer Ministro Lars Lokke Rasmussen indicó ayer que durante el encuentro privado que sostuvo con el Presidente Enrique Peña Nieto se habló abiertamente del tema.
-Ministro, usted ha firmado acuerdos comerciales con un país que ha sido criticado por la violación a los derechos humanos- le cuestionó un periodista de la televisión danesa.
-Ciertamente esto causa preocupación. Esto lo hemos debatido de una manera abierta y constructiva. También otros temas que se han debatido y que se tratan dentro del marco de esta plataforma Diálogo de México con la Unión Europea, y ciertamente estamos dispuestos a cooperar, a ayudar- respondió.
Como parte de esa cooperación, destacó, el Instituto Danés para los Derechos Humanos firmó un acuerdo con el Gobierno mexicano para asesorarlo en buenas prácticas sobre la defensa y protección de garantías.
Rasmussen calificó a México como un aliado muy confiable en las Naciones Unidas cuando se trata de aprobar medidas que apunten a los derechos humanos y reconoció los esfuerzos que ha realizado el Gobierno mexicano para fortalecer el Estado de Derecho.
"Ciertamente quedan algunas cosas pendientes", acotó.
En su turno, el Presidente Peña Nieto sostuvo que su Gobierno trabaja en la defensa de los derechos humanos.
"México no deja de reconocer que sin duda hay todavía hay retos y desafíos que asumir, pero vale la pena darle contexto y reconocer los avances que en esta materia se han tenido", argumentó.
"Vale la pena reconocer que en los últimos 10 años, México ha estado abierto al escrutinio de distintos organismos internacionales en materia de derechos humanos; que ha venido atendiendo buena parte de las recomendaciones que han hecho".
Grupo de Expertos
El Presidente confirmó que su Gobierno no prevé un nuevo mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que apoyan en la investigación del caso Ayotzinapa.
"No iría más allá de lo que el Gobierno ha definido claramente, en lo que sin duda es un acuerdo que se está cumpliendo, es un mandato que está convenido con tiempo determinado e incluso ampliado, ellos solicitaron cuatro meses y se amplió a seis meses", señaló.
"El propósito de esta disposición y apertura, fue de generar un espacio de observancia internacional. Es de esperarse el informe final, que coadyuve a la investigación exhaustiva y profunda que ha realizado la Procuraduría".
