Aunque hasta el momento de manera formal sólo dos mujeres han sido reconocidas por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) como presidentas municipales electas en ayuntamientos regidos por Sistemas Normativos Indígenas, todo apunta al crecimiento en la conquista de espacios de cargos de elección popular.
“Nosotros esperamos que haya un mayor número de mujeres, por lo pronto estamos notando un mayor crecimiento en el tema de mujeres que están asumiendo cargos de regidurías; en muchos municipios están aumentando el número de mujeres en la integración de sus cabildo municipal”, sostuvo Beatriz Casas Arellanes, Directora Ejecutiva de Sistemas Normativos Indígenas del IEEPCO.
Hasta el momento -dijo- se han calificado 48 municipios de los cuales dos, Yatzachi El Bajo y San Pedro Quiatoni, serán presididos por mujeres, sin embargo de manera informal se tiene conocimiento de al menos tres más: Guadalupe Etla, Mesones Hidalgo y San Jerónimo Tlacochahuaya.
De la misma manera, de los municipios calificados por el IEEPCO se tiene reconocida 1 síndica y 93 regidoras todas propietarias.
Casas Arellanes manifestó que la ciudadanía tiene que hacer una reflexión profunda y de reconocimiento al trabajo de las mujeres a nivel comunitario “las cuales están haciendo un trabajo muy importante que sostiene a la comunidad”, declaró.
Mujer e indígena, doble discriminación
La también especialista en materia de equidad y género, indicó que muchas mujeres están planteando no nada más ser electas en cargos sino también entrar en los escalafones y sistemas de servicio, por ello es importante que se haga una revaloración de su trabajo.
El informe sombra sobre Participación Política de las Mujeres Indígenas indica que a pesar del reconocimiento jurídico en diversos instrumentos internacionales como la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (Cedaw por sus siglas en inglés) o la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, en México las mujeres indígenas siguen sin ser tratadas como sujetas de derecho, se les sigue viendo como beneficiarias de proyectos productivos o de asistencia social, y no se han generado mecanismos claros que fortalezcan su derecho a participar en espacios de representación y toma de decisiones.
“La violación de los derechos políticos de las mujeres desencadena la vulneración de otros derechos como la salud, el acceso a la justicia y la educación. Las y los jóvenes pertenecientes a pueblos indígenas en México enfrentan obstáculos que les impiden tener acceso a la educación, principalmente aquellos que no hablan el español”, indica.
El mismo informe indica que las mujeres indígenas consideran que su ausencia en espacios de toma de decisiones conlleva que no se atiendan sus necesidades reales ni las de sus comunidades.
