La necesidad de costear unos estudios médicos para su hijo pequeño convirtió a Gabriela en el blanco fácil para enrolarla en el tráfico de drogas.
“Tú lleva este paquete a la Ciudad de México y te doy el dinero que necesitas”, le dijo un conocido de su precaria comunidad indígena en la entidad oaxaqueña.
Así lo hizo, pero Gabriela no logró cobrar por hacer “el mandado” y su situación empeoró tanto que en el Centro de Readaptación Femenil de Tanivet, en Tlacolula, sigue esperando una sentencia y añorando su libertad.
Como Gabriela, la organización feminista Equis Justicia, entrevistó a otras 14 mujeres privadas de su libertad en ese centro por delitos federales, quienes además de pobreza comparten un encarcelamiento con un impacto desproporcionado.
Combate fallido
El trabajo de cuatro años en centros de readaptación con población femenil en el Estado de México, la ciudad de México, Morelos y Oaxaca, permite a Isabel Echeverri Citeri, coordinadora del área de Políticas Públicas Equis Justicia, asegurar que la guerra contra el narcotráfico que inició el expresidente Felipe Calderón y continuó Enrique Peña Nieto, tuvo una afectación desproporcionada en las mujeres.
“43 por ciento de las mujeres privadas de su libertad del fuero federal lo están por delitos contra la salud”, asienta.
Además, en el fuero común se encontró un incrementó entre 2016 y 2018 del 103 por ciento, cuando en el caso de los hombres el incremento alcanzó sólo la mitad.
Esas cifras llevó a la organización a documentar casos y constatar que la mayoría de las mujeres privadas por delitos relacionados con drogas “lo están por posesión con fines de comercio o transporte, las famosas mulas”.
Vulnerables
Son ellas quienes “están en la parte de abajo de la pirámide criminal”, un factor que las hace más vulnerables a ser detenidas y se agrava por sus roles de únicas cuidadoras de sus hijas o hijos, además de un contexto de violencia de género en el que suelen vivir.
Ese es el caso de Gabriela, de origen indígena. Quien tuvo un embarazo producto de una violación. Su hijo nació con parálisis cerebral y conseguir seis mil pesos para costear una radiografía la hizo aceptar llevar un paquetito a la Ciudad de México.
En Tanivet ya lleva cinco años, pero su sentencia es de diez. Como Gabriela, el 86 por ciento de las mujeres privadas de su libertad por delitos contra la salud tienen por lo menos un hijo.
El 90 por ciento, como Gabriela, cometen delitos sin violencia. El 80 por ciento no tiene antecedentes penales ni incurre en ese momento en otro delito, “transportan sustancias sin generar víctimas directas”.
En en Centro de Readaptación de Tanivet se identificaron a 23 mujeres privadas de su libertad por ese delito que en el Estado de México alcanza 347 casos y en la Ciudad de México 220.
Los problemas en todos esos estados es que la información sobre ellas es escasa, no determinan con exactitud cuántas tienen alguna discapacidad, son extranjeras o indígenas, lo que evidencia que no cuentan con políticas públicas que las protejan, evite que firmen declaraciones que no están en su lengua madre o se enfrenten a tortura sexual.
El infierno de la reclusión
De acuerdo a un comunicado difundido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de los 300 centros penitenciarios que operan el el país solo 18 son femeniles y albergan al 40.2% de las mujeres privadas de libertad, que al corte de marzo de este año ascendían a 4 mil 209 internas.
Señala que el 59.8% restante se encuentra en centros penitenciarios mixtos, los cuales carecen de espacios dignos y servicios específicos para atender las necesidades de las internas.
Los primeros cuentan con calificación de 7.26, de acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en tanto que los segundos merecieron 5.98, que es una calificación reprobatoria.
La CNDH reafirmó la necesidad mínima de contar con una prisión femenil por cada entidad federativa, con las condiciones necesarias para la atención de las niñas y niños que viven con sus madres, para mejorar la situación de las mujeres en reclusión y garantizar el respeto a sus derechos fundamentales.
Especialistas y académicas se pronunciaron en favor de programas sobre justicia restaurativa y la posibilidad de que, conforme a los estándares internacionales, un número importante de mujeres puedan ser liberadas y ser apoyadas en libertad.
Ruth Villanueva Castilleja, Tercera Visitadora General de la CNDH, señaló que las mujeres conforman uno de los grupos en condiciones de mayor vulnerabilidad en sitios de reclusión del país.
María Guadalupe Hernández Guzmán, Fundadora del Centro de Rehabilitación en Atención Infantil y Adolescencia (CRAIA, A.C.), y Alma Yelli Angulo Orozco, creadora del programa “Libertad en Movimiento”, refirieron sus experiencias y coincidieron en señalar que las mujeres que han estado en prisión sufren muchas veces depresión, discriminación y aislamiento por amigos y por la sociedad en general.
Patricia Olamendi, Consultora Internacional de ONU-Mujeres, señaló que las mujeres en reclusión conforman una población excluida y en condiciones de gran vulnerabilidad, indicando que en muchos casos, no se cumple con los criterios contenidos en los instrumentos internacionales y que fiscales y jueces no incorporan regularmente en su trabajo criterios con perspectiva de género.
