La presidenta municipal de San Juan Bautista Lo de Soto, Jamiltepec, Samantha Caballero Melo, solicitó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos dicte medidas cautelares a su favor, debido a que ha sido amenazada para que deje el cargo o "correría sangre".
El Colectivo Por la Ciudadanía de las Mujeres A.C. denunció que dichas amenazas provienen del Síndico Pablo Anica Velentín, quien de esta manera pretende despojar del cargo a la presidenta emanada de las siglas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), para después asumir él la función bajo argumento de que existe conocimiento de la Secretaría General de Gobierno (Segego) para validar el cambio a pesar de que por ley, el espacio lo tiene que asumir una persona del mismo género de la propietaria.
Ante este contexto de violencia política y de género, la presidenta interpuso una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade) y adelantó que acudiría a otras instancias para proceder de manera penal.
Agresiones y amenazas
A manera de presión para que dejara este cargo, de forma arbitraria y sin que hubiera una sesión de cabildo, le fue cambiada la tesorera municipal María Hernández Santiago por Nazario Bracamontes Clemente, quien es esposo de la presidenta del PRI en la comunidad, y que se desempeñaba en un principio como chofer del síndico municipal que pretende ocupar la presidencia.
El colectivo denunció que el pasado 18 de diciembre de 2016, Aldegundo Melo Anica, familiar del síndico municipal, Pablo Anica Valentín, acudió a casa de la abuela materna de Caballero Melo para pedirle que la convenciera de dejar el cargo, pues si no lo hacía le advirtieron que iba a “correr sangre”.
Indicaron que el primero de enero de este 2017, cuando Samantha Caballero Melo tomó protesta como presidenta, el síndico y los regidores de Hacienda y Educación tomaron el palacio, sellaron las puertas, cambiaron las chapas, se llevaron todos los vehículos, la ambulancia, el carro de volteo y las patrullas.
Cabe destacar que, hasta este momento, en total se han presentado seis demandas ante la Fepade por violencia política en contra de mujeres, de las cuales dos han sido en contra de presidentas municipales.
El 30 de diciembre de 2016, Hipólito Salinas, delegado del PRI en la Costa de Oaxaca, Zita Guzmán Flores, Presidenta del PRI en San Juan Bautista lo de Soto y Pablo Anica Valentín, acudieron a su casa para pedirle que dejara el cargo, pues existía un acuerdo político previo para que ella fuera la síndica y el síndico fuera el presidente. Según ellos, el acuerdo era del conocimiento de la Secretaría General de Gobierno. El síndico municipal Pablo Anica Valentín reiteró sus amenazas.
Segego, ¿cómplice?
El 12 de enero de 2017, cuando la presidenta acudió a la Segego a corregir datos de las credenciales que los acreditan como autoridades municipales (pues presentaban un error en el nombre del Distrito) la dependencia ya no entregó la de la tesorera María Hernández Santiago.
En su lugar, la Segego acreditó a Nazario Bracamontes Clemente, quien fue nombrado de manera arbitraria, sin conocimiento de la presidenta y sin que hubiera una sesión de cabildo en la que se argumentara la determinación.
Derivado de las agresiones, hasta la fecha la presidenta municipal no ha ejercido sus funciones de manera cabal ni en condiciones de seguridad, por lo que ha iniciado ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) la solicitud de medidas cautelares y presentó su denuncia ante la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales (Fepade); asimismo, iniciará las acciones legales necesarias para que su cargo sea respetado.
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demandas suman en la Fepade por violencia pólítica en contra de mujeres
