El presidente del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi), Maurilio Santiago Reyes requirió al Estado mexicano cumplir las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a un joven presuntamente torturado por elementos de la Policía Municipal de la Heroica Ciudad de Tlaxiaco.
El activista informó que la víctima, Ángel Daniel Bautista Vásquez, fue agredido por los agentes de la corporación municipal el 21 de marzo del año pasado cuando llegaba al domicilio de sus padres, localizado en el Barrio de San Nicolás.
Expuso que el joven fue herido por los policías con un disparo en la pierna izquierda y posteriormente torturado en un terreno baldío, hasta fracturarle la pierna derecha.
Por esto, Santiago Reyes detalló que la familia del joven presentó posteriormente una denuncia penal el 2 de abril pasado por el delito de tortura y demás resultantes en contra de los policías municipales.
Sin embargo, observó que los policías han amenazado de muerte constantemente a la familia de la víctima e incluso hicieron disparos de arma de fuego afuera de su domicilio.
De esta manera, subrayó que la CIDH concedió el 18 de julio las disposiciones preventivas MC-636-20 y requirió al Estado mexicano adoptar las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de la víctima y su familia.
Sin embargo, destacó que el Estado mexicano aún no ha cumplido las disposiciones preventivas, a pesar de estar obligado a atender los diferentes tratados internacionales, en especial la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.
Resaltó que este caso fue presentado ante el Comité Contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas y solamente se está a la espera del dictamen correspondiente.
Ante esto, demandó al Estado mexicano cumplir las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mientras que a la Fiscalía General Justicia en Oaxaca requirió crear la fiscalía especializada con plena autonomía, técnica y operativa para el conocimiento, investigación y persecución de delitos previstos por la Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros tratos, Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes.
