Al presentar el Informe Ciudadano “La Historia no olvida. Violencia feminicida en Oaxaca: Tres años de impunidad e injusticia en el gobierno de Alejandro Murat 2016-2019”, organizaciones feministas demandaron al mandatario estatal realizar una evaluación punitiva de su gabinete debido al incremento de feminicidios y distintas violencias de género.
De igual manera, exigieron a la 64 legislatura local iniciar el proceso de destitución del Fiscal General del Estado, Rubén Vasconcelos Méndez al señalar que la impunidad prevalente es atribuible a omisiones e inacción en su labor.
En rueda de prensa realizada en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, las activistas, portavoz de 39 organizaciones que participaron en el informe, precisaron que a tres años del gobierno actual se contabilizan 368 feminicidios, que comparado con el primer trienio de Gabino Cué representa un incremento porcentual de 55 por ciento.
Ana María Hernández Cárdenas de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, como portavoz de las cifras documentadas, precisó que en el 59 por ciento de los casos se cometieron con arma de fuego “lo que deja sobre la mesa que existe un circulante ilegal de armas en Oaxaca. Otro rasgo a destacar es que el rango de edad de las víctimas oscila entre 21 y 40 años de edad.
En el actual trienio, agregó acompañada por Soledad Jarquín Edgar madre de Sol Cruz Jarquín asesinada hace casi un año y medio, agregó que fueron contabilizados 338 casos de violencia familiar, 261 de violencia sexual, 669 desaparición de mujeres y 33 casos de violencia política.
“Un rasgo grave de la simulación del trienio de Murat es que pese a que Oaxaca cuenta con declaratoria de alerta de género 153 mujeres y niñas fueron víctima de feminicidio”, indicó
En este sentido, además de la evaluación punitiva al gabinete, las activistas demandaron que en su propuesta de presupuesto 2020 asigne y etiquete presupuesto suficiente para enfrentar todos los impactos del feminicidio; la destitución de los funcionarios que tengan antecedentes de violencia contra las niñas y mujeres en las diversas modalidades y tipos de violencias, así como cuando por sus acciones u omisiones en cumplimiento de su cargo se vulneren o violenten los derechos de las niñas y mujeres.
Además que se dicten en forma oportuna órdenes de protección para niñas y mujeres en situación de violencia; la creación del Refugio Estatal para niñas, niños y mujeres en situación de violencia con personal calificado y con recursos suficientes que cubran las necesidades de las niñas, niños y mujeres.
