La autoridad agraria de San Juan Jaltepec, perteneciente al municipio de Santiago Yaveo, responsabilizó a dependencias de los gobiernos federal y estatal de la agresión sufrida por cuando habían solicitado a tiempo su intervención y exigió justicia para sus compañeros, Benjamín Molina Bautista y Silverio García Martínez, muertos durante una emboscada.
Acompañado del secretario y el tesorero, Vicencio Bautista Marcelino y Virgilio Ángel Chimil, así como del presidente del Consejo de Vigilancia, Lorenzo Matías López, el presidente del Comisariado de Bienes Comunales, Ramón Ángel Molina explicó que su comunidad enfrenta una situación de despojo ante la invasión de su territorio de pobladores de la propia cabecera municipal y de vecinos de San Antonio, anexo de Santiago Jalahui, perteneciente al municipio de San Juan Lalana.
Fue una invasión
No es un conflicto de tierras –anotó–, se trata de una invasión y de despojo de territorio, porque contamos con títulos primordiales del año 1700 y con una sentencia emitida por el Tribunal Unitario Agrario, el 4 de agosto de 1993, donde se reconocen 13 mil 502 hectáreas como bienes comunales de San Juan Jaltepec.
Expuso que la comunidad ha acudido constantemente a las instancias legales y órganos de procuración de justicia para lograr la restitución de sus tierras invadidas.
“En 2012, en una reunión, San Antonio se comprometió a desalojar de inmediato nuestros bienes comunales, pero como no cumplieron su compromiso, presentamos una denuncia penal en el 2016, sin que exista alguna respuesta”, señaló.
Observó que la Junta de Conciliación Agraria envió a un perito en septiembre de 2018 a realizar una inspección y corroboró la invasión y los daños en tierras comunales.
Hay tala ilegal
“Han estado causando destrozos, principalmente tala ilegal y explotación de nuestros recursos naturales”, asentó.
Subrayó que la comunidad requirió en febrero pasado la intervención de la Secretaría General de Gobierno (Segego) para lograr la restitución de sus tierras, así como de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) a fin de detener la tala indiscriminada, pero no obtuvieron alguna respuesta.
De este modo, detalló que la autoridad y los pobladores decidieron hacer un recorrido en el área invadida, sin embargo, al llegar fueron emboscados por habitantes de San Antonio y por personas no pertenecientes a la comunidad.
Ante esto, responsabilizó a los gobiernos federal y estatal por los hechos y exigió que generen garantías de protección a la vida e integridad de toda la población de San Juan Jaltepec, en apego a los derechos humanos y a los derechos de los pueblos indígenas.
Además, una actuación diligente e inmediata de las autoridades correspondientes para resolver el despojo territorial, por ser la causa principal de la violencia
