El Poder Judicial del Estado de Oaxaca adeuda más de mil cuentas con proveedores que se arrastran desde los años 2015 y 2016, y que superan los 104 millones de pesos.
De acuerdo con documentos oficiales, estas Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) tienen que ver con conceptos de servicios básicos como luz, agua, teléfono, internet, gasolina, renta de inmuebles y otros, indispensables para el funcionamiento de los juzgados, en su mayoría foráneos.
Del año 2015, están pendientes de pago 217 CLC lo que corresponde a un total de 14 millones 769 mil pesos; mientras que del 2016, están pendientes de pago 805 CLC que corresponden a 89 millones 492 mil pesos.
Estos adeudos han provocado que los proveedores se hayan negado a continuar proporcionando y abasteciendo de insumos a diferentes instancias del Poder Judicial, como se desprende de los oficios 3879/2016 y 3992/2016 de fechas 23 de noviembre y 7 de diciembre de 2016, enviados por la Juez Segundo de lo Familiar, Adriana Cecilia Zárate Ramírez al Jefe de la Unidad de Recursos Materiales, Control Patrimonial y Bienes en Custodia del Consejo de la Judicatura, Mayolo García López.
Agudizará la deuda
Esta falta de liquidez, señala el informe del Poder Judicial del Estado, se agudizará para este año 2017, porque el presupuesto autorizado para el Poder Judicial de Oaxaca fue de 810 millones de pesos.
“En los últimos dos años el Poder Judicial de Oaxaca ha promovido controversias constitucionales al recibir cantidades insuficientes para cumplir con los compromisos adquiridos; aún con las modificaciones logradas, el déficit en la institución supera actualmente los 601 millones de pesos”. Como referencia, el año pasado le fue otorgado un incremento de 119 millones de pesos (adicional a los 780 millones de pesos autorizados a principios de año).
Reducirán recursos
Sin embargo, estos recursos se reducirán a 720 millones por el descuento de 90 millones de pesos que recibió adelantados para el pago de salarios del mes de diciembre, aguinaldos y otras prestaciones de ley, a personal de confianza.
“En el año 2014 le fue otorgado un presupuesto de 670 millones de pesos, el año siguiente el fue de 687 millones, mismo que se modificó a 803 millones ante la necesidad de avanzar en la implementación del sistema de justicia penal acusatorio y el 2016 se le asignaron 780 millones, cifra menor a la ejercida en 2015”.
