Oaxaca registra un nivel medio alto en la implementación del nuevo sistema de justicia penal y los medios de comunicación denotan problemas por la falta de capacitación de los operadores, así como en cuestión de infraestructura, señala un estudio elaborado por el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO).
El documento Justicia Penal subraya que la entidad no ha tenido un avance constante a través de los años en la instrumentación del nuevo sistema y esto pudiese traducirse en un aumento en la percepción de inseguridad y en la tasa homicidios.
Además los recursos recibidos por la entidad se encuentran por encima (en alrededor del 30 por ciento) de la media nacional, -134 millones 669 mil 576 pesos con 75 centavos-, y se tiene un avance en la implementación del nuevo sistema penal a un nivel medio alto.
Recuerda que el 18 de junio de 2008 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la reforma para el establecimiento de un nuevo sistema de justicia penal en el país, en la que se propuso un sistema en el que se respetaran los derechos del ofendido y/o víctima, y del imputado, haciendo hincapié en la presunción de inocencia para este último, y en que se busca el fortalecimiento del debido proceso y el pleno respeto a los derechos humanos de todos los involucrados en una investigación o procedimiento penal.
Este sistema de justicia criminal se basa principalmente en un sistema de corte acusatorio-adversarial y oral, donde el juez decide de manera imparcial lo expuesto por los solicitantes, mediante una audiencia oral, pública y contradictoria; y el uso de mecanismos alternativos de solución de conflictos o justicia alternativa, para solucionar los problemas mediante el dialogo o conciliación entre las partes antes de llegar a un juicio (mientras menos conflictos denominados “menores o de baja cuantía” se ventilen ante el juez, la justicia será más eficaz).
Además de la posibilidad de que la víctima u ofendido de algún delito, pueda solicitar a un juez, el ejercicio de la acción penal, sin la intervención del ministerio o fiscal público; la utilización de un procedimiento llamado abreviado, que se pueda dar cuando el inculpado reconozca, en presencia del juez y su defensor, los hechos delictivos que se le atribuyen, con el objeto de obtener una sentencia rápida y bajo determinados beneficios para el imputado; y hacer de la libertad del imputado durante el proceso penal, la regla general. Restringiendo así los casos en que puede imponerse la prisión preventiva como medida cautelar.
Así como el fortalecimiento de la investigación, al dotar a la policía de autonomía técnica y funcional para realizar la investigación de los delitos, bajo el mando y conducción del Ministerio Público, para buscar así una mejor comunicación y una investigación científica, objetiva y profesional; y la creación de Jueces de Ejecución de Sentencias, mismos que revisarán las penas impuestas a los sentenciados y resolverán en un marco de legalidad, acerca de su modificación y duración, de acuerdo con la conducta y el grado de readaptación del reo.
El reto
Han transcurrido más de siete años del proceso de implementación del nuevo sistema de justicia penal y, a decir de los datos obtenidos en por el IMCO, el reto es lograr un verdadero impacto de la reforma penal en el día a día de la ciudadanía.
