Pornoextorsión, pornovenganza, acoso, hostigamiento, persecución entre otras manifestaciones de violencia, se han desprendido de la venta de fotografías íntimas de mujeres en un mercado que incurre en ilegalidad y es tolerado por las autoridades. El problema es grave y estos delitos son minimizados por las autoridades cuando las víctimas intentan poner una denuncia.
Andrés Torres, fundador del colectivo DLR, que desde hace un año y medio se dedica a dar acompañamiento a las víctimas de este delito, destacó que éste va más allá de la exposición de las fotografías, pues muchas de las víctimas son acosadas de manera física o sufren persecución.
“Es un problema muy grave, por mucho tiempo se ha ido ignorando porque muchas mujeres decidieron verlo como parte del día a día, normalizarlo, como el acoso en la calle, pero realmente es demasiado grave. He tenido casos en donde el acoso ha llegado hasta seguirlas a su casa, a colocarles letreros en sus puertas con tal de que sepan que las están asechando”, dijo.
En otros casos -añadió- quienes venden los packs incluso ofrecen tomar fotos de las chicas en la calle y dar su ruta de camino a casa, trabajo o escuela: “Este problema pasa de subir una fotografía”.
Redes alojan packs
Durante el lapso que lleva dando acompañamiento el colectivo ha detectado más de 800 grupos de Twitter, Whats App y Telegram, algunos con más de 1 mil 250 carpetas. Entre las personas participantes de este delito que se sanciona con la llamada Ley Olimpia, hay fotógrafos y hasta profesores, algunos de los cuales han sido exhibidos en redes sociales obligándolos a cerrar sus cuentas.
“Existen diferentes cadenas que se han ido haciendo más grandes, una encontrada en la zona del Istmo contenía 400 nombres. Esa es de las más grandes que se han ido moviendo, y en Oaxaca de las más grandes detectadas llegó a tener 1 mil 250 carpetas y 1 mil 250 mujeres las que contenía este enlace”, indicó.
El activista expuso que estas cadenas son interminables ya que hay quienes compran las carpetas y llegan a formar un nuevo grupo vendiendo o compartiendo a menor costo o gratis; otros miembros del grupo descargan y forman a su vez otro grupo. “Cuando nosotros lo detectamos, lo eliminamos y un mes después vuelve a salir con el mismo nombre -alguien más que tiene el contenido intenta hacer la venta-, así es como se han ido manejando”.
Bajo ese contexto -destacó- es importante la denuncia de las víctimas y la actuación efectiva de las autoridades para investigar y sancionar ya que la impunidad sigue alentando estas acciones que derivan en otros delitos más graves que ponen en riesgo la vida de las mujeres.
A pesar de la ley Olimpia -expuso- las autoridades colocan una serie de barreras para que las víctimas decidan no interponer la denuncia, sobre todo en aquellos casos en donde se exponen perfiles de mujeres con cuerpos que no son de ellas: “Eso no lo toman en cuenta y simplemente las ignoran. Tomar la vía legal les cuesta mucho trabajo y es por ello que mejor deciden simplemente no continuar con la denuncia y pedir ayuda para eliminar el contenido”.
