Durante el 2020, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) abrió 47 expedientes relacionados con la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes.
El ombudsperson Bernardo Rodríguez Alamilla informó que en los 24 de los expedientes vinculados a tortura, la Secretaría de Seguridad Pública aparece como la autoridad más señalada con el 45 por ciento de las quejas, mientras los ayuntamientos con un 22 por ciento y la Fiscalía General del Estado con un 18 por ciento.
Explicó que en los 23 expedientes ligados a los tratos crueles, inhumanos y degradantes, la Secretaría de Seguridad Pública registra el mayor número de quejas con el 91 por ciento y el resto, los ayuntamientos.
De esta manera, subrayó que la tortura, a pesar de destruir la personalidad de las víctimas y despreciar la dignidad intrínseca del ser humano, continúa siendo una práctica recurrente especialmente entre los cuerpos de seguridad federales, estatales y municipales.
“La tortura atenta contra la integridad física, psíquica y moral de una persona, así como infringe intencionadamente sufrimientos, dolores, penas o acciones en menoscabo de la dignidad humana”, asentó.
Ante esta situación, llamó a las autoridades de los tres niveles de gobierno a erradicar la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes, por ser graves violaciones a los derechos humanos y delitos sancionables.
Para esto, destacó que resulta necesario hacer efectivo el respeto pleno a la dignidad de las personas e implementar en forma contundente las disposiciones de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Rodríguez Alamilla dijo que es urgente terminar con la impunidad persistente en los casos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes.
“Es preciso que el Estado reconozca su responsabilidad e implemente un plan de restitución de derechos que permita a las víctimas acceder a justicia, verdad y reparación”, finalizó.
