CIUDAD DE MÉXICO, 13 de marzo.-Las victorias de los independientes en las elecciones de 2015 provocó que congresos estatales aprobaran leyes, bautizadas como antibronco, para frenar a los ciudadanos a buscar un cargo de elección popular. Sin embargo, este año al menos 488 personas sin partido obtuvieron su constancia de organismos electorales como aspirantes, quienes van tras una candidatura a gubernaturas, alcaldías y diputaciones locales que se disputarán en 13 entidades.
La cifra es similar a la de 2015, cuando unos 500 ciudadanos optaron por esta vía para ganar un cargo de representación popular, aunque sólo 21 cumplieron los requisitos y únicamente seis ganaron un cargo de representación popular por votos directos, entre ellos Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, gobernador de Nuevo León, el cargo más relevante, cuyo sobrenombre ha sido utilizado para referirse a las leyes. Pedro Kumamoto, diputado local en Jalisco, fue el único participante ganador sin pasado partidista.
En total, este año 566 ciudadanos presentaron su carta de intención para buscar un cargo en las elecciones del 5 de junio, pero algunos fueron declinando al reconocer que no pueden reunir todos los requisitos, en especial recabar el porcentaje de firmas que los institutos electorales locales determinaron. Sólo en dos casos no continuaron por motivos de fuerza mayor: en Zacatecas un aspirante fue secuestrado y en Baja California, otro falleció.
La carrera ha sido larga, comenzó en abril de 2012 con la aprobación de la reforma política que abrió la puerta a ciudadanos para que, sin el apoyo de partidos, participaran en las elecciones para renovar todos los cargos, incluyendo Presidente, pero hasta 2015 esa figura se estrenó en los 15 estados en donde hubo elecciones.
Durante ese proceso electoral, la figura de Jaime Rodríguez tomó gran fuerza mediática, así como una efervescencia entre los escépticos en la política, por lo que a mediados y finales de 2015, nueve congresos locales aprobaron leyes que endurecieron los requisitos y que entrarían en vigor en las elecciones de 2016: incrementaron el porcentaje de firmas, redujeron el tiempo para conseguir apoyo ciudadano y en algunos casos, pedían copia de la credencial de elector de las personas.
El caso más emblemático en cuanto a los candados es Quintana Roo, pues es la entidad con más restricciones; los aspirantes tienen que acreditar 3% de firmas de la lista nominal y presentar personalmente ante el instituto electoral a los ciudadanos para que ratifiquen el apoyo.
Candados no los detienen
Esas restricciones, las cuales algunas fueron suavizadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como por tribunales electorales, no impidieron que para estos comicios ciudadanos presentaran su carta de intención, de ellos 32 para gobernador, 281 para alcaldes y 241 para diputados, así como cinco a síndicos y siete a presidentes de comunidad que se rigen por usos y costumbres.
No todos pasaron el primer filtro, de los 566 sólo 488 recibieron su constancia de aspirantes a una candidatura, lo que les permitió pasar a la siguiente etapa que es la de recolección de firmas. Quedaron 30 a gobernador, 246 a presidentes municipales, 203 a diputados y cuatro a síndicos.
Actualmente, en los 13 estados que están en proceso electoral —12 a gobernador y uno a alcaldes y legisladores—, se encuentran en diferentes etapas; unos en la recolección de firmas, otros ya las entregaron y algunos más están a la espera del aval de los institutos electorales locales.
Las intenciones
566 ciudadanos presentaron su carta de intención para buscar un cargo en las elecciones del 5 de junio
32 para gobernador, 281 para alcaldes y 241 para diputados, así como cinco a síndicos y siete a presidentes de comunidad que se rigen por usos y costumbres.
488 los únicos que recibieron su constancia de aspirantes
5 de junio, la elección
